*Notas de prensa, comunicaciones de CONAMIGUA, publicaciones y actividades sobre migraciones, discriminación y fronteras*

EMPRESAS ISRAELÍES CONTROLAN LA FRONTERA DE EE.UU. CON MÉXICO

“Las violaciones de los derechos humanos y el Derecho Internacional que Israel lleva a cabo no ocurren sólo en el interior sino también en el exterior de su territorio”

Son industrias de tecnología militar que cooperan con el país norteamericano en la vigilancia de zonas fronterizas, con el único propósito de explotar a los que intentan cruzar de manera ilegal para incrementar sus ganancias. Compañías israelíes han venido convirtiendo la frontera entre México y Estados Unidos (EE.UU.) en un laberinto peligroso tras levantar muros de separación tecnológicos, custodiados por militares de ese país.

Desde octubre de 2012 se alertaba sobre la colaboración castrense entre México e Israel y los proyectos para “reforzar” la vigilancia en las provincias mexicanas que limitan con EE.UU.

Ese año, un general de brigada de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), Roei Elkabetz, explicó las estrategias de vigilancia de fronteras que implementa en la actualidad Israel en zonas como El Paso (Texas), en EE.UU.

Elkabetz explicó en ese entonces con una foto de la muralla que separa la Franja de Gaza de Israel, los planes para México. “Hemos aprendido un montón de Gaza (…) es un gran laboratorio”, dijo.

El despliegue de tecnología que usaría Tel Aviv (capital israelí) en la frontera de EE.UU. con México es costosa y nadie se imaginaba las consecuencias que traería.

Un muro separa México de Estados Unidos en las zonas de Arizona. Son vigilados por la Patrulla Fronteriza, que combina equipos de artillería novedoso con letales tecnologías de vigilancia: fusiles de asalto, helicópteros y aviones no tripulados (dron).

Sin embargo, ni el gobierno norteamericano, ni el Ejecutivo mexicano parecen interesarse por los daños que causan las compañías que producen sistemas tecnológicos de barrera en la frontera, pues perjudica a todos los mexicanos.

No han impedido la inmigración, solo la han hecho más difícil y tenebrosa. Un ejemplo fue lo ocurrido entre agosto y octubre del 2014, cuando más de 57 mil niños cruzaron la frontera sin compañía de un adulto.

Ante la ola de inmigración, el presidente estadounidense, Barack Obama ordenó en noviembre de ese año, doblar el número de agentes fronterizos y tomar medidas que “puedan detener el flujo de ilegales y acelerar el retorno de los que han cruzado”.

El resultado fue la aprobación de 40 mil millones de dólares en agentes, muros y tecnologías dirigidas a reforzar la frontera. La medida solo ha convertido la frontera en otro gran laboratorio al aire libre, “como Gaza, para las compañías tecnológicas, varias de ellas israelíes”, opinan expertos en migración.

Meses antes, la agencia de Protección de las Aduanas y Fronteras (CBP), del Departamento de Seguridad de la Patria, contrató con la compañía israelí Elbit Systems para elaborar un “muro virtual”, una barrera tecnológica que se colocará en el desierto de Arizona.

Dicha barrera utiliza datos similares a los que Israel usa en Gaza y Cisjordania (capital palestina) para controlar a los palestinos. En 2004, Elbit proporcionó ya los primeros drones para la vigilancia en la frontera.

Además la empresa The Golan Group, de asesoramiento israelí impartió cursos intensivos de ocho días a oficiales de inmigración estadounidenses con el propósito de que aprendieran tácticas de combate contra inmigrantes que se acercaran a la valla fronteriza.

“Si usted va a Israel y después viene al sur de Arizona y cierra los ojos y da un par de vueltas sobre sí mismo, cuando abra los ojos es posible que no sea capaz de notar la diferencia”, aseguró el alcalde de Tucson, Arizona, Jonathan Rothschild

Este control fronterizo no incide en las actividades comerciales de las industrias ubicadas del otro lado de EE.UU., pues en Ciudad de Juárez, se benefician de la explotación laboral, lo cual evidencia que el incremento de las restricciones para circular da mayores facilidades para manejar dinero en cantidades.

Lo desconcertante es que México y EE.UU. adquieren tecnologías de vigilancia de empresas responsables de crímenes contra el pueblo palestino.

“Arizona es un ejemplo perfecto del mundo post tratado NAFTA, en el que las empresas dedicadas a detener a los ilegales que cruzan la frontera, son en cambio libres de cruzar esas mismas fronteras cuando les viene en gana”, recalcó Rothschild

¿Ironía o interés empresarial?

La explotación laboral de las compañías israelíes no tiene límites, su mano de obra compuesta por mexicanos es, además de mal pagada un anuncio de tortura para aquellos que desean cruzar la frontera.

“Los pobres mexicanos estarían fabricando los componentes que ayudarán a localizar, detener, arrestar, encarcelar y expulsar a aquellos de ellos que traten de cruzar a los Estados Unidos”, afirma Rothschild

Entre 10 y 20 empresas israelíes que se quieren unir al programa Global Advantage en Arizona, con ello, las empresas pueden implementar, evaluar y probar sus productos “sobre el terreno”, es decir, sobre personas reales que cruzan ilegalmente la frontera.

De acuerdo con el experto Joseph Nevin, las compañías israelíes dirigen sus actividades comerciales contra los pueblos, en especial los indígenas, los palestinos o los latinoamericanos, y venden sus tácticas para tomar el control.

Es decir, detrás la cooperación militar y de defensa tecnológica que ofrece a Estados Unidos y México prevalece su objetivo: probar sus productos en personas que cruzan la frontera de manera ilegal para ganar incrementar sus ganancias de mercado.

Esta no es la primera vez que Israel colabora con EE.UU. en la frontera, de acuerdo con una investigación publicada recientemente, en 2004 los drones de la compañía Elbit fueron los aviones no tripulados en patrullar los cielos de la frontera sur.

Sin embargo lo que preocupa a los habitantes de Arizona es la militarización de la frontera mediante la manipulación de las empresas.

“De nuevo se está produciendo en la frontera entre EEUU y México, "las violaciones de los derechos humanos y el Derecho Internacional que Israel lleva a cabo no ocurren sólo en el interior sino también en el exterior de su territorio”, manifestó, Mohyeddin Abdulaziz, fundador de la campaña para el Boicot, la Desinversión y las Sanciones contra Israel.

Fuente:

The Opinion Pages | Op-Ed Contributors

When Americans Lynched Mexicans

By WILLIAM D. CARRIGAN and CLIVE WEBBFEB. 20, 2015

Credit Rachel Levit

THE recent release of a landmark report on the history of lynching in the United States is a welcome contribution to the struggle over American collective memory. Few groups have suffered more systematic mistreatment, abuse and murder than African-Americans, the focus of the report.

One dimension of mob violence that is often overlooked, however, is that lynchers targeted many other racial and ethnic minorities in the United States, including Native Americans, Italians, Chinese and, especially, Mexicans.

Americans are largely unaware that Mexicans were frequently the targets of lynch mobs, from the mid-19th century until well into the 20th century, second only to African-Americans in the scale and scope of the crimes. One case, largely overlooked or ignored by American journalists but not by the Mexican government, was that of seven Mexican shepherds hanged by white vigilantes near Corpus Christi, Tex., in late November 1873. The mob was probably trying to intimidate the shepherds’ employer into selling his land. None of the killers were arrested.

From 1848 to 1928, mobs murdered thousands of Mexicans, though surviving records allowed us to clearly document only about 547 cases. These lynchings occurred not only in the southwestern states of Arizona, California, New Mexico and Texas, but also in states far from the border, like Nebraska and Wyoming.

Some of these cases did appear in press accounts, when reporters depicted them as violent public spectacles, as they did with many lynchings of African-Americans in the South. For example, on July 5, 1851, a mob of 2,000 in Downieville, Calif., watched the extralegal hanging of a Mexican woman named Juana Loaiza, who had been accused of having murdered a white man named Frank Cannon.

Such episodes were not isolated to the turbulent gold rush period. More than a half-century later, on Nov. 3, 1910, a mob snatched a 20-year-old Mexican laborer, Antonio Rodríguez, from a jail in Rock Springs, Tex. The authorities had arrested him on charges that he had killed a rancher’s wife. Mob leaders bound him to a mesquite tree, doused him with kerosene and burned him alive. The El Paso Herald reported that thousands turned out to witness the event; we found no evidence that anyone was ever arrested.

While there were similarities between the lynchings of blacks and Mexicans, there were also clear differences. One was that local authorities and deputized citizens played particularly conspicuous roles in mob violence against Mexicans.

On Jan. 28, 1918, a band of Texas Rangers and ranchers arrived in the village of Porvenir in Presidio County, Tex. Mexican outlaws had recently attacked a nearby ranch, and the posse presumed that the locals were acting as spies and informants for Mexican raiders on the other side of the border. The group rounded up nearly two dozen men, searched their houses, and marched 15 of them to a rock bluff near the village and executed them. The Porvenir massacre, as it has become known, was the climactic event in what Mexican-Americans remember as the Hora de Sangre (Hour of Blood). It led, the following year, to an investigation by the Texas Legislature and reform of the Rangers.

Between 1915 and 1918, vigilantes, local law officers and Texas Rangers executed, without due process, unknown thousands of Mexicans for their alleged role in a revolutionary uprising known as the Plan de San Diego. White fears of Mexican revolutionary violence exploded in July and August 1915, after Mexican raiders committed a series of assaults on the economic infrastructure of the Lower Rio Grande Valley in resistance to white dominance. The raids unleashed a bloody wave of retaliatory action amid a climate of intense paranoia.

While there are certainly instances in the history of the American South where law officers colluded in mob action, the level of engagement by local and state authorities in the reaction to the Plan de San Diego was remarkable. The lynchings persisted into the 1920s, eventually declining largely because of pressure from the Mexican government.

Historians have often ascribed to the South a distinctiveness that has set it apart from the rest of the United States. In so doing, they have created the impression of a peculiarly benighted region plagued by unparalleled levels of racial violence. The story of mob violence against Mexicans in the Southwest compels us to rethink the history of lynching.

Southern blacks were the group most often targeted, but comparing the histories of the South and the West strengthens our understanding of mob violence in both. In today’s charged debate over immigration policy and the growth of the Latino population, the history of anti-Mexican violence reminds us of the costs and consequences of hate.

William D. Carrigan, a professor of history at Rowan University, and Clive Webb, professor of modern American history at the University of Sussex, are the authors of “Forgotten Dead: Mob Violence Against Mexicans in the United States, 1848-1928.”

A version of this op-ed appears in print on February 20, 2015, on page A27 of the New York edition with the headline: When Americans Lynched Mexicans

Dealt Setback, Obama Puts Off Immigrant Plan

By MICHAEL D. SHEAR and JULIA PRESTON – FEB. 17, 2015

President Obama was confident Tuesday that he would win the legal battle over immigration. “The law is on our side,” he said. Credit Stephen Crowley/The New York Times

WASHINGTON — One day before hundreds of thousands of undocumented immigrants were to begin applying for work permits and legal protection, administration officials on Tuesday postponed President Obama’s sweeping executive actions on immigration indefinitely, saying they had no choice but to comply with a federal judge’s last-minute order halting the programs.

The judge’s ruling was a significant setback for the president, who had asserted broad authority to take executive actions in the face of congressional Republicans’ refusal to overhaul the immigration system. White House officials have defended the president’s actions as legal and proper even as his adversaries in Congress and the states have accused him of vastly exceeding the powers of his office.

In a decision late Monday, Judge Andrew S. Hanen, of Federal District Court for the Southern District of Texas, in Brownsville, ruled in favor of Texas and 25 other states that had challenged Mr. Obama’s immigration actions. The judge said that the administration’s programs would impose major burdens on states, unleashing illegal immigration and straining state budgets, and that the administration had not followed required procedures for changing federal rules.

Jeh Johnson, the Homeland Security secretary. Credit Jabin Botsford/The New York Times

Mr. Obama vowed Tuesday to appeal the court ruling and expressed confidence that he would prevail in the legal battle to defend his signature domestic policy achievement. “The law is on our side, and history is on our side,” he declared.

White House officials said the government would continue preparing to put Mr. Obama’s executive actions into effect but would not begin accepting applications from undocumented workers until the legal case was settled. That could take months. In the meantime, the president urged Republican lawmakers to return to negotiations on a broader overhaul of immigration laws.

“We should not be tearing some mom away from her child when the child has been born here and that mom has been living here the last 10 years minding her own business and being an important part of the community,” he said.

White House officials said the Justice Department was reviewing whether to ask an appeals court to block Judge Hanen’s ruling and allow the executive actions to proceed. But for now, the judge’s ruling could be a crushing disappointment to members of the immigrant community, who have spent much of the last two years pressuring Mr. Obama to act decisively to prevent deportations that separate immigrant families, including many with children or spouses who are living in the United States legally.

Judge Andrew S. Hanen in 2005. Credit Brad Doherty/Brownsville Herald, via Associated Press

In Texas, Gov. Greg Abbott, a Republican who had filed the lawsuit in his former position as the state’s attorney general, hailed the ruling Tuesday as a victory for the rule of law. “President Obama abdicated his responsibility to uphold the United States Constitution when he attempted to circumvent the laws passed by Congress via executive fiat,” Mr. Abbott said, “and Judge Hanen’s decision rightly stops the president’s overreach in its tracks.”

Mr. Obama announced his executive actions on Nov. 20, shortly after Republicans won control of Congress. His plan to shield as many as five million undocumented immigrants from deportation immediately drew harsh attacks from conservatives and prompted legal challenges.

Under the judge’s ruling, the expansion of an existing program that was to begin on Wednesday will be postponed; for now, as many as 270,000 immigrants who came to the United States as children cannot apply for it. White House officials also said Tuesday that they were delaying a second program that would benefit about four million undocumented immigrants with children who are American citizens or legal residents. That program was scheduled to start in May.

Republicans in Congress seized on the judge’s ruling Tuesday to bolster their argument that funding for the Department of Homeland Security should not be approved without measures to block the president’s actions.

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America’s 11 Million

America’s 11 Million

The demographics of America’s undocumented immigrants, more than half of whom have been in the United States for more than 10 years and nearly a third of whom own homes.

Video by Emily B. Hager, Natalia V. Osipova and Aaron Byrd on Publish Date November 20, 2014. Photo by Rich Addicks for The New York Times.

“The president’s extra-constitutional actions were rooted in political expediency and were devoid of a serious legal underpinning,” said Representative Trey Gowdy, Republican of South Carolina and chairman of the House Judiciary subcommittee on immigration. “This is not and never was about immigration law.”

But White House officials and some legal scholars noted that another federal judge had dismissed a different challenge to the president’s executive actions, and they predicted that Judge Hanen’s decision was likely to be suspended by the appeals court.

“Federal supremacy with respect to immigration matters makes the states a kind of interloper in disputes between the president and Congress,” said Laurence H. Tribe, a professor of constitutional law at Harvard. “They don’t have any right of their own.”

Immigrant advocates assailed Judge Hanen’s ruling, saying he had failed to consider the benefits to national security and the economy of having millions of unauthorized immigrants begin taking background checks and paying taxes. Activists said they would continue to prepare immigrants to file applications, on the assumption that the programs would soon be up and running.

“Detractors of these programs may try to paint this as a fight with the president, but make no mistake: Attempts to dismantle these programs are attacks on American families,” said Janet Murguía, president of NCLR, also known as the National Council of La Raza, the country’s largest Latino organization.

In his 123-page opinion, Judge Hanen said administration officials had provided “perplexing” misrepresentations of the scope and impact of the president’s actions. Calling the new programs “a substantive change to immigration policy,” he said they were, “in effect, a new law.”

As part of the president’s announcements on Nov. 20, the secretary of the Department of Homeland Security, Jeh Johnson, also established new priorities, instructing enforcement agents to concentrate on deporting terrorists, and gang members, as well as migrants caught crossing the border illegally.

The judge rejected the argument that those changes were a proper exercise of prosecutorial discretion, ruling that the administration had engaged in “a complete abdication” of enforcement. The Department of Homeland Security, he wrote, cannot “enact a program whereby it not only ignores the dictates of Congress, but actively acts to thwart them.”

Immigrants rallying Tuesday in San Diego in support of the president. Credit Gregory Bull/Associated Press

White House officials said the judge’s order did not prevent Homeland Security officials from exercising that discretion, and they said the department would continue to focus its enforcement efforts on dangerous immigrants.

The ruling was not unexpected. In August, Judge Hanen accused the Obama administration of adopting a deportation policy that was “an open invitation to the most dangerous criminals in society.”

Since the lawsuit was filed on Dec. 3, the stark divisions over Mr. Obama’s sweeping actions have played out in filings in the case. Three senators and 65 House members, all Republicans, signed a legal brief opposing the president’s actions.

On the other side, a dozen states and the District of Columbia supported Mr. Obama.

Across the country, many immigrants were ready to fill out their applications when the immigration agency posted the forms for the first time on its website Wednesday.

Dulce Valencia, 19, who was born in Mexico but has lived almost all of her life in the United States, said she was disappointed that she would have to wait.

“I felt like my world crashed a little bit,” she said.

Michael D. Shear reported from Washington, and Julia Preston from New York. Ashley Parker contributed reporting.

A version of this article appears in print on February 18, 2015, on page A1 of the New York edition with the headline: Dealt Setback, Obama Puts Off Immigrant Plan

The Opinion Pages | Editorial |​NYT Now

A Judge’s Assault on Immigration

By THE EDITORIAL BOARD – FEB. 17, 2015

President Obama meeting with young immigrants this month. Credit Saul Loeb/Agence France-Presse — Getty Images

President Obama surely knew that his recent executive actions to protect millions of undocumented immigrants from deportation would run into trouble as soon as a 26-state lawsuit opposing the actions landed on the desk of Federal District Judge Andrew Hanen, of Brownsville, Tex.

Judge Hanen — who last month invoked a biblical flood in describing illegal immigration into that community — has spoken out aggressively against Mr. Obama’s immigration policy in the past, saying it “endangers America” and is “an open invitation to the most dangerous criminals in society.” Indeed, his earlier opinions were the reason Republican governors and attorneys general pushed to get their suit into his district.

As expected, the judge on Monday night temporarily blocked the first of several programs Mr. Obama announced in November to offer work permits and a three-year reprieve from deportation to more than four million immigrants who are parents of American citizens and who have no criminal record.

That move — which Mr. Obama took only after years of failed efforts by Congress to pass any immigration reform — triggered the fury of congressional Republicans, who responded with threats of, among other things, impeachment proceedings.

Gov. Greg Abbott of Texas was so excited at Monday’s decision that he jumped on Twitter to say Mr. Obama’s amnesty order “has been ruled unconstitutional.”

No, it hasn’t.

What Judge Hanen did was to issue a preliminary injunction that prevents the executive action from going into effect until he can rule on the merits of the lawsuit itself, or until a higher court reverses him.

What he did not do was dispute the president’s broad authority to decide whom to deport, which is exactly what the Obama administration did in prioritizing the removal of immigrants who pose a threat to public safety or national security. Yet the judge blocked the action, which he called “a massive change in immigration practice.” On Tuesday, administration officials announced that they would delay the program, which was scheduled to begin this week, while they appealed the ruling.

To get to where he clearly wanted to go, Judge Hanen first had to find that the 26 plaintiff states have standing — that is, the legal capacity — to sue the administration over the new policy. He ruled that at least Texas did because the actions would force the state to spend scarce resources providing things like driver’s licenses to undocumented immigrants.

Judge Hanen said the costs were the result of the federal government’s “failure to secure the borders,” and he noted the millions of dollars that states spend to educate “each illegal alien child,” even though, as he knows, the Constitution already requires states to provide that education.

He danced around the fundamental point — as the Supreme Court reiterated as recently as 2012 — that setting immigration policy is the prerogative of the federal government, not the states. The judge also ruled that the states are likely to succeed on at least one of their underlying claims, which is that the White House did not follow proper administrative procedure, which requires certain executive actions to be preceded by a public notice and comment period.

However the appellate courts come down on the case, Mr. Obama is finding himself once again dealing with a familiar sort of Republican intransigence. With his humane and realistic immigration policy, he is trying to tackle a huge and long-running national problem: what to do with more than 11 million undocumented people who are living, working and raising families here, when the government cannot possibly apprehend or deport all of them. To the contrary, bringing some of these people out of the shadows of illegality would be an economic boon, as noted by the 12 states and more than 30 cities around the country (including Brownsville, Tex.) that are defending Mr. Obama’s actions.

On immigration, the Republicans seem to want only to savage the president’s efforts to address a pressing nationwide crisis, just as they have on health care reform. They are good at unleashing rage against Mr. Obama’s supposed lawlessness, but they have no meaningful solutions of their own.

A version of this editorial appears in print on February 18, 2015, on page A20 of the New York edition with the headline: A Judge’s Assault on Immigration

New York Compels 20 School Districts to Lower Barriers to Immigrants

By BENJAMIN MUELLER – FEB. 18, 2015

Twenty New York school districts found to be blocking access for undocumented immigrant children will be forced to modify their enrollment policies to break down illegal barriers to education, the state attorney general’s office said on Wednesday.

A joint review by the State Education Department and the attorney general’s office found a broad pattern of intransigence on the part of districts that, despite repeated instructions from federal and state law enforcement agencies, continued to bar children based on their immigration status, said Kristen Clarke, the chief of the Civil Rights Bureau in the attorney general’s office.

The resulting reforms, under agreements between Attorney General Eric T. Schneiderman and the 20 districts, would compel them to stop asking for documents such as Social Security cards that effectively exclude undocumented children from school.

The state compliance review followed an article in The New York Times in October, which found that several suburban districts had contravened federal guidance by requiring immigrant families to provide proof of district residency before their children were enrolled. Families were stymied by school bureaucracies, and children, who are required by law to attend school, could not.

The state, which initially focused on four counties near New York City, expanded its inquiry after immigration advocates reported that other districts were asking about children’s immigration status before allowing them to enroll. The challenges were especially acute in suburban areas where unaccompanied immigrant children have recently arrived. From October 2013 through the end of last year, New York received about 6,500 unaccompanied immigrant minors, the third highest in the country behind Texas and California.

In addition to changing their enrollment requirements, the districts agreed to develop new training for enrollment officials and to report any denials of admission until June 2018.

Many of the 20 districts implicated, which are spread over 14 counties, are outside large cities. They include the Amherst, Carthage, Cheektowaga, Cuba Rushford, Dryden, Gates Chili, Greenville, Hilton, Homer, Lyme, Manchester-Shortsville, Penfield, Pittsford, Spencerport, Sullivan West, Vestal and Williamson Central School Districts; and the Oneida, Port Jervis and Watertown City School Districts.

“What our work shows is that in every community there is the potential for students to encounter barriers,” Ms. Clarke said on Wednesday. She added, “We were very struck to find ones that had policies which, on their face, violated the law.”

The investigation found that schools were requiring illegal enrollment materials from families, including copies of Social Security cards and visa expiration dates, which illegal immigrants generally would not have. By asking for them, Ms. Clarke said, districts violate a 1982 Supreme Court decision, Plyler v. Doe, which found that schools cannot deny access to public education on the basis of a student’s immigration status.

Ms. Clarke said she attributed the problem in part to a recent influx of unaccompanied immigrant children into districts that “were simply not prepared.” But the findings were also evidence of “tremendous under-enforcement” of the Supreme Court mandate, she said.

Some districts have continued to resist the state’s reform efforts, the authorities said. The acting commissioner of the Education Department, Elizabeth Berlin, sent an order to the Hempstead Union Free School District on Long Island on Wednesday that threatened to remove school officials if the district did not comply.

Among the department’s demands were to “immediately ensure that the district’s enrollment office is open, with doors unlocked, during its hours of operation.”

Hempstead schools have been under scrutiny since an advocacy group in October obtained a document showing that 33 students had been excluded from classes. The students, many of whom are newly arrived immigrants, were instructed to sign in for attendance a few mornings each week, and then return home because the school could not accommodate them.

Since then, the state has found evidence that between 57 and 59 students were prevented from enrolling, a spokesman for the Education Department said. Investigators have also alleged that the district failed to provide adequate instruction to non-English-speaking students, and discouraged students by requiring residency documentation.

The district has ignored calls from the attorney general and the department to identify those students, spokesmen for the two offices said.

Hempstead school officials did not respond to a request for comment on Wednesday.

The attorney general’s office said litigation was an option for districts that refused to comply.

A version of this article appears in print on February 19, 2015, on page A20 of the New York edition with the headline: State Compels 20 School Districts to Lower Barriers to Immigrants.

In New York, Immigrants’ Advocates Vow to Fight After Judge Halts Obama Programs

By KIRK SEMPLE – FEB. 18, 2015

Immigrants and their supporters gathered on Wednesday at rallies and news conferences in New York and across the nation to denounce a judge’s order halting President Obama’s sweeping executive actions on immigration and to vow a redoubled effort in support of the initiatives.

Coming on the day that one of the new programs was scheduled to take effect, the gatherings were as much about dispelling rumors and educating the immigrant population as about stiffening resolve and buoying hope.

“What we have met is just a bump in the road,” Representative José E. Serrano said, at a news conference in Manhattan that had the feeling of a pep rally, with dozens of participants, including immigrants, their advocates, public officials and service providers.

“What I want you to do above all is not to lose hope,” added Mr. Serrano, a Bronx Democrat.

Wednesday was supposed to be a day of celebration for many immigrants: The federal government had planned to begin accepting applications under the expansion of a program, known as deferred action, that would provide temporary relief from deportation for undocumented immigrants brought to the United States as children.

Another program that would extend deportation relief to millions of undocumented parents of American-born children was scheduled to begin in May.

But on Monday, a Federal District Court judge in Brownsville, Tex., ruled in favor of 26 states that had challenged Mr. Obama’s executive actions, issuing a temporary injunction blocking the programs. Among other reasons cited, the judge said the Obama administration had failed to follow proper procedures for amending federal rules.

The administration suspended the programs but vowed to appeal the decision.

The uncertainty now surrounding the programs has prompted immigrants’ advocates to intensify their outreach and educational efforts to their constituents.

Dozens of news conferences, rallies and educational sessions have been planned across the country this week “to show support for the immigration action and speak out against the attacks,” according to a statement from the Alliance for Citizenship, a national coalition pushing for immigration reform.

In New York, some advocates were concerned that the injunction could complicate a hard-fought effort to attract more people willing to step forward and apply for a federal deportation reprieve.

When the original deferred action program was started in 2012, participation rates in New York State were unusually low: A year into the program, only about 34 percent of the state’s eligible population had signed up, according to estimates by the Migration Policy Institute, a nonpartisan research group in Washington.

Low turnout spurred new outreach efforts, backed in part by an extraordinary $18 million budget allocation by the New York City Council to help undocumented immigrants qualify. Participation rates a year later had grown to about 49 percent of eligible immigrants, the institute reported.

But while some immigrants’ advocates privately expressed concern about the chilling effect of the injunction, the public message on Wednesday was enthusiastic and determined.

“This is just a delay, it is not a defeat,” Steven Choi, executive director of the New York Immigration Coalition, said at the news conference. “But we will need to continue the fight.”

Immigrant service organizations and others pointed out that unlike with the debut of the deferred action program in 2012, they have had three months of lead time to prepare for the launch of the new initiatives, holding workshops and strengthening their collaborative networks.

“We’re better prepared,” Javier Valdés, co-executive director of Make the Road New York, an immigrant advocacy group, said in an interview, adding that those networks had already helped educate and mobilize immigrant populations in light of the judge’s ruling this week.

And while anger about the injunction was universal among advocates, some found a silver lining in it, pointing out that it gave them and their constituents more time to organize outreach efforts and prepare application packages.

“We have more time to prepare ourselves,” said Betsy Plum, director of special projects for the New York Immigration Coalition. “It’s a blessing in disguise.”

A version of this article appears in print on February 19, 2015, on page A21 of the New York edition with the headline: Immigrants’ Advocates Vow to Fight After Judge Halts Obama Programs.

White House Struggles on Immigration Ruling

By MICHAEL D. SHEAR and ADAM LIPTAK – FEB. 18, 2015

WASHINGTON — President Obama’s lawyers, facing what could be months of delay on the White House’s immigration efforts, are struggling for a response to a Texas judge’s ruling that has imperiled one of the president’s potential legacy achievements.

A top administration official said Wednesday it was unclear whether the Department of Justice would seek an emergency order that would allow the president’s immigration programs to go into effect while an appeal proceeds. A spokeswoman for the Justice Department said that no decision had been made on an emergency application to an appeals court, but she pledged to fight all challenges to the president’s actions.

Monday’s late-night 123-page ruling by Judge Andrew S. Hanen forced Mr. Obama to halt plans to protect millions of undocumented immigrants. White House supporters attacked the judge’s ruling as “shaky.” Conservative legal critics hailed it as a powerful argument.

Regardless of which side prevails, the Texas ruling did show how deft Mr. Obama’s adversaries had become in their efforts to delay — if not derail — a program that immigration advocates have been intensely clamoring for.

In the meantime, the clock on Mr. Obama’s presidency is ticking.

“I think it’s a significant threat,” said David E. Bernstein, a law professor at George Mason University. “My guess is that this reflects some real concern that’s out there.”

Monday’s ruling from Judge Hanen had none of the hallmarks of a legal blockbuster. Its language did not appear to be aimed at reshaping the power of the presidency or changing the constitutional framework for future occupants of the Oval Office. Indeed, the judge acknowledged vast presidential power in his ruling.

Instead, Judge Hanen wrote, Mr. Obama had gone astray by failing to seek public comment before implementing the program. That, the judge said, probably violated the Administrative Procedure Act, which lays out the steps that must be completed before some changes in federal agencies’ policies can go into force.

Eric Posner, a law professor at the University of Chicago, said Judge Hanen’s holding was, in a sense, “trivial.”

Indeed, a ruling focused on administrative law may seem an unlikely roadblock for a consequential program. Even on its own terms, Mr. Posner said, Judge Hanen’s opinion was flawed. Under the president’s directive, immigration officials would retain discretion to reject candidates for the protection program, he said, so the requirement of public comments does not actually apply.

But other scholars said that the legal arguments made by the judge would be difficult for the administration to counter.

“I have always thought that the administration and their supporters were greatly underestimating the likelihood that this would all get struck down in court,” said Michael McConnell, a law professor at Stanford University.

Judge Hanen’s opinion was certainly skeptical of the administration’s approach. “The court finds that the government’s failure to secure the border has exacerbated illegal immigration into this country,” he wrote. “Further, the record supports the finding that this lack of enforcement, combined with this country’s high rate of illegal immigration, significantly drains the states’ resources.”

Judge Hanen’s opinion was marked by haste. He repeatedly referred to Justice John Paul Stevens as “Justice Stephens.”

But Walter Dellinger, a former acting solicitor general in the Clinton administration, said the flaws in the opinion went deeper than that.

“He barely mentions the fact that Congress has directed the D.H.S. to set priorities for immigration enforcement,” Mr. Dellinger said.

Judge Hanen did acknowledge that the Department of Homeland Security “has virtually unlimited discretion when prioritizing enforcement objectives and allocating its limited resources.”

But he added that the administration crossed a line when it granted the right to work lawfully to people it chose not to deport. That was not exercising enforcement discretion, the judge said, but conferring a benefit, a change so fundamental it triggered requirements that the administration ignored.

The administration has argued that a shift in enforcement priorities cannot be challenged in court and are not subject to the administrative procedure law.

The ruling confronts the administration with a series of uncomfortable choices. Its decision will be affected by the reality that time is not its friend.

The president could concede the judge’s point about administrative procedures by agreeing to publicly advertise his immigration program and accept public comments. But that would take months, and his adversaries could still mount other legal challenges after that comment period ended.

“In practice,” Mr. Posner said, “notice-and-comment rule making can take years.”

It could ask the federal appeals court in New Orleans, the United States Court of Appeals for the Fifth Circuit, for a stay of Judge Hanen’s preliminary injunction. But that could be an uphill fight in a court dominated by Republican appointees.

A stay is ordinarily granted to preserve the status quo. Were the program to move forward, its benefits and protections might be hard to take back. Without his preliminary injunction, Judge Hanen wrote, “There will be no effective way of putting the toothpaste back in the tube.”

Any decision by the appeals court on a stay application would almost certainly be appealed to the Supreme Court.

But the administration may prefer to file an appeal rather than an emergency application, though perhaps on an expedited basis, in an effort to get the merits of the dispute to the Supreme Court as soon as possible.

Josh Earnest, the White House press secretary, said the administration’s lawyers were reviewing their legal options and said he expected a decision within a day or two about how they would challenge the judge’s ruling.

Mr. Earnest added that he hoped that the lawyers could “move as quickly as we can through the legal system so that that situation can be resolved.”

In recent decisions, the Supreme Court has generally sided with federal authority in state challenges to immigration policies. In 2012 it upheld one part of a tough 2010 Arizona immigration law even as it endorsed broad federal power over immigration. In 2011, it sustained a different law that imposed harsh penalties on businesses that hired illegal workers.

And in December, the court let stand a ruling requiring Arizona to issue driver’s licenses to young immigrants spared from deportation by Mr. Obama.

Julia Preston contributed reporting from New York.

A version of this article appears in print on February 19, 2015, on page A14 of the New York edition with the headline: White House Struggles on Immigration Ruling

Mapping Migration in the United States:

Ver mapas en: http://www.nytimes.com/2014/08/16/upshot/mapping-migration-in-the-united-states-since-1900.html?WT.mc_ev=click&WT.mc_id=NYT-E-I-NYT-E-AT-0219-L47&nl=el&nlid=9405935&abt=0002&abg=0

On Thursday, we published a series of interactive charts showing how Americans have moved between states since 1900. The charts show striking patterns for many states: You can trace the rise of migrant and immigrant populations all along the Southwest, particularly in Texas and Arizona; the influx of New Yorkers and other Northeasterners into Florida starting in the 1970s; and the growth in the Southern share of the Illinois population during the Great Migration.

In 1900, 95 percent of the people living in the Carolinas were born there, with similarly high numbers all through the Southeast. More than a hundred years later, those percentages are nearly cut in half.

Taken individually, each state tells its own story, and each makes for fascinating reading. As a follow-up, here is the big picture: a map showing all of the states at a given time.

Each shape represents where the people living in a state were born. Within a state, larger shapes mean a group makes up a larger share of the population.

For map enthusiasts out there — you know who you are — this is a new kind of chart we are calling a Voronoi treemap map, based on the work of two visualization researchers, Michael Balzer and Oliver Deussen.

The Times has published treemaps before, as when it described how financial companies lost value during the financial crisis; it has also published Voronoi treemaps before, notably to describe inflation in 2008. But this is the first Voronoi treemap map, which uses geographic shapes as the boundaries in a Voronoi treemap.

One drawback of this technique, however, is that it’s not always possible to make each shape exactly the right size; some small values are slightly larger or smaller than they should be. (It’s either that or put holes in the map.)

CONSULADOS MOVILES A EFECTUARSE EN FEBRERO EN EEUU, RECUERDA CONAMIGUA A GUATEMALTECOS

La licenciada Gordillo indicó que el calendario de consulados móviles de las próximas semanas es el siguiente, razón por la cual se invita a los guatemaltecos, a realizar las diferentes gestiones administrativas y principalmente su pasaporte :

19-21 San Francisco Portland Iglesia Restauración Elim, 7470 N. Newman Ave.

20-22 Atlanta Greenville, SC Iglesia Católica San Sebastián, 2300 Old Buncombe RD, Greenville SC 29809

20-22 Houston Wichita KS Mercadito Salvadoreño 1708 E Northern St.

20 Nueva York Fairview Iglesia San Juan El Bautista, Anderson Ave, Fairvies NJ

21-22 Nueva York West New York Iglesia San Jose de Palisades, 320 64 th St., West New York, NJ 07093

20-22 Miami, FL Bradenton, FL Iglesia Casa de Dios, 2902 9th. Street West Bradenton FL 34205

21 y 22 Los Angeles Reno NV 875 E Plumb LN Reno

21 – 22 Providence, RI Waltham, MA Waltham Government Center 119 School St.,Waltham, Massachusetts 02451

21 – 22 Silver Spring Maryland Hyattsville Casa de Maryland, 8151 15th. Avenue 28 San Francisco San José, CA Centro Cristiano Hispano 1323 Peach Ct.

Con relación a la suspensión de la Orden Ejecutiva en EEUU, por parte de Juez federal Andrew Hanen, CONAMIGUA informa:

1. La decisión retrasa la implementación de la Acción Diferida para los llegados en la Infancia (DACA), que iba a entrar en vigor este miércoles 18 de febrero, y de la Acción Diferida para Padres de Ciudadanos o Residentes Permanentes (DAPA), que estaba prevista para iniciar en mayo del 2015.

2. Los Dreamers beneficiados con el DACA de 2012 no se ven afectados.

3. Las nuevas prioridades de deportación no cambian: quienes hayan entrado a los Estados Unidos antes del 1 de enero de 2014 son "baja prioridad".

4. El Gobierno de EEUU, a través del Departamento de Justicia, apelará la decisión del juez Hanen al Tribunal de Apelaciones del 5º Circuito, ubicado en Nueva Orleáns.

5. Se desconoce en cuanto tiempo puede demorarse el fallo del 5º Circuito, considerando que podría ser semanas o meses.

6. Según declaraciones del gobierno de EEUU, se confía que la apelación le sea favorable y levante el bloqueo para la aplicación de beneficios de DACA Y DAPA.

7. CONAMIGUA informa que hasta que se cuente con la resolución final, la Orden Ejecutiva de DACA y DAPA no pueden implementarse.

8. Se aconseja a las personas que consideren poder ser beneficiados, continúen preparando sus documentos.

9. A la vez, CONAMIGUA recomienda no dejarse engañar por personas inescrupulosas que ofrezcan brindar ayuda, ya que únicamente las autoridades de EEUU, así como consulados de Guatemala en dicho país los que brinden la información oficial.

http://www.elcaribe.com.do/2015/02/18/pais-fracturado-por-pobreza

Un país fracturado por la pobreza

18/02/2015 12:00 AM –

Por Pavel Isa Contreras

El Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo acaba de publicar “El Mapa de la Pobreza en la República Dominicana 2014”. Ofrece nuevos datos con información del censo de 2010 y las encuestas de fuerza de trabajo de 2011.

La que se estima en este trabajo no es la llamada “pobreza monetaria”, que se refiere al porcentaje de población que recibe un ingreso insuficiente para adquirir una canasta básica de bienes y servicios sino la pobreza asociada a precarias condiciones de vida vinculadas a la mala calidad de la vivienda, la falta de acceso a servicios básicos como agua, energía y recogida de basura, la falta de escolaridad y el pobre equipamiento básico del hogar.

Cuestiones como los materiales con que está construida la vivienda y el acceso a servicios como agua cambian lentamente. Por eso, a pesar de que los datos son de 2010, las mediciones son relevantes y contienen información valiosa para conocer las privaciones concretas que sufren las personas y pensar qué hacer al respecto.

La innovación más importante del informe es que estima la pobreza no sólo a nivel de regiones, provincias y municipios, sino también a nivel de secciones, barrios y parajes. Es probablemente el mapa de la pobreza más desagregado a nivel territorial que se haya hecho. Además, compara los resultados obtenidos para 2010 con estimaciones similares con los censos de 1993 y 2002, tanto a nivel de país como de las provincias.

Las nuevas estimaciones indican que, a lo largo de las últimas dos décadas, la pobreza así medida se ha reducido significativamente. En 1993, el porcentaje de hogares pobres era de casi 70%; en 2002 se había reducido hasta 51% y en 2010 hasta poco más de 40%. El hallazgo puede sorprender a muchos pero era esperable. Esto también ha sucedido en muchos países de la región y del mundo. A lo largo de esas casi dos décadas, el crecimiento económico ha sido elevado y aunque su distribución ha sido muy inequitativa, no deja de beneficiar en alguna medida a hogares pobres, los cuales logran mejorar los materiales de sus viviendas y adquirir electrodomésticos. Además, la cobertura en educación ha aumentado notablemente aunque la calidad sea pésima, algo que no toma en cuenta la medición.

Sin embargo, también se advierte que la reducción de la incidencia de la pobreza es cada vez menor. Entre 1993 y 2002 la reducción fue de 19 puntos porcentuales, pero desde 2002 hasta 2010 fue de 10 puntos.

Pero el hallazgo más significativo es que los ritmos de reducción de pobreza entre provincias han sido tan dispares que el país aparece crecientemente fragmentado. Mientras unas provincias redujeron intensamente la pobreza, otras apenas lo hicieron. El resultado es que en muchas provincias la incidencia de la pobreza hoy es todavía mayor de lo que era en el promedio del país hace 20 años.

Por ejemplo, en esas casi dos décadas, en el Distrito Nacional, María Trinidad Sánchez, La Vega, Sánchez Ramírez, Hermanas Mirabal, San Cristóbal y Monseñor Nouel la pobreza se redujo en cerca de la mitad; pero en otras como Elías Piña, Bahoruco, Pedernales, El Seibo, Independencia y Monte Plata fue apenas entre 10% y 22%. En todas ellas, entre el 70% y el 83% de sus hogares son pobres, mientras en el Distrito Nacional el 27% y en Santiago el 31%.

Adicionalmente, también se encontró que las personas y hogares pobres están cada vez más concentrados en las provincias más pobladas como Santo Domingo, el Distrito Nacional, San Cristóbal y Santiago, y que las provincias con mayor pobreza no son precisamente en las que viven la mayoría de los pobres.

Por último, el documento presenta un mapa en el que se describe, para cada territorio, las carencias y necesidades más intensas de la población tales como falta de agua, energía y recogida de basura, hacinamiento en la vivienda, piso de tierra y baja calidad de los materiales de las paredes y el techo, y falta de escolaridad. Un político inteligente tendría un valioso instrumento para proponer y actuar en materia de políticas.

En síntesis, el documento muestra dónde están las personas pobres y porqué lo son, y muestra que vivimos en un país dividido, con gente viviendo cada vez más en mundos distintos. Eso fractura la sociedad y nos divide.

¿Se quiere hablar de unidad y patriotismo? ¡Hablemos de pobreza y de cómo combatirla!

Twitter: @IsaPavel

Se le hace una atenta invitación para asistir a la presentación del libro:

"Crisis económica y migración ¿Impactos temporales o estructurales"que coordina la Dra. Ana María Aragonés

El lunes 23 de febrero a las 17.00 hrs, en el Salón El Caballito, Palacio Minería, Tacuba 5, Centro Histórico, México D.F. en el marco de la XXXVI Feria Internacional del Libro.

The Inter-American Dialogue, in partnership with The Chicago Council on Global Affairs and the U.S. Department of State, is pleased to invite you to a roundtable discussion on Latinos’ views on U.S. foreign policy. This discussion will be held on Tuesday, February 24th from 12:30 p.m. to 2:00 p.m. at the Inter-American Dialogue (1211 Connecticut Avenue, NW Suite 510, Washington, DC 20036). A light lunch will be served.

The event will mark the release of The Chicago Council’s latest report on public opinion and foreign policy, written by Dina Smeltz, Senior Fellow for Public Opinion and Foreign Policy, and Craig Kafura, Research Associate. Based on an analysis of data from The Council’s annual public opinion survey, the report reveals surprising similarities in outlook between Latino and non-Latino populations on critical foreign and security policy questions, but highlights interesting areas of divergence as well.

Ms. Smeltz will be joined by Manuel Orozco, Senior Fellow at The Dialogue, and David Duckenfield, Deputy Assistant Secretary for Outreach at U.S. Department of State. The discussion will be moderated by Ray Suarez, host of Inside Story on Al Jazeera America. The panel will be followed by an open exchange with participants.

I hope you can join us to explore Latino views on foreign policy and how they might shape the upcoming public debate, especially in advance of the 2016 presidential election.

Best regards,

Michael Shifter
President, Inter-American Dialogue

What Will Be the Impact of Mexico Cross-Border Trucking?

By Fred McLuckie, Arturo Sarukhan, Amy Glover
February 17, 2015

Q: The U.S. Department of Transportation announced last month that Mexican trucking companies will be able to apply to make long-haul trips in the United States. Transportation Secretary Anthony Foxx said the policy change will strengthen the United States’ relationship with Mexico and meet U.S. obligations under NAFTA. How will the change affect the countries’ trade relationship? What will be the economic impact in the United States and Mexico? Have concerns raised in the United States about perceived safety hazards and pollution caused by Mexican trucks been adequately addressed?

A: Fred McLuckie, director of the Department of Federal Legislation and Regulation at the International Brotherhood of Teamsters: "We do not think the change will have a significant impact on the U.S.-Mexico trade relationship. Our trade deficit with Mexico spiked upward with the implementation of NAFTA to a high of almost $75 billion in 2007, but it has leveled off somewhat over the past five years in the $55-65 billion range. The method of transporting goods between countries has less of an impact than the economics that might permit Mexico’s citizens to purchase more American-made goods. Theoretically, the drayage operations in the border zones may disappear, which would have a significant economic impact on cities along the border. But that won’t change until Mexico starts buying more U.S. goods. Mexico-domiciled carriers are not going to make trips into the interior of the United States unless they have a back-haul load. Returning to Mexico with an empty trailer is not economically feasible for Mexican carriers. That was clearly demonstrated by the carriers in the pilot program. Safety issues and serious questions still remain. The U.S. Department of Transportation’s recent Inspector General report made clear that the pilot program that brought Mexican trucks into the United States was a failure. The pilot program was based on flawed data that cannot project the safety performance of Mexico-domiciled carriers. The report said we do not have the data we need in order to determine whether or not the requirements have been met. Mexico’s own enforcement of its safety regulations, ranging from hours-of-service to drug testing, is still questionable. Issues have also been raised about Mexico lagging behind in its approach to implementing emission standards and that Mexico does not have an established norm for fuel standards. The Mexican government has failed to raise standards for truck safety and hours-of-service requirements and is deflecting from its responsibility to improve standards. Mexico claims an open border for U.S. trucks into the country, allowed for under NAFTA. However, it cannot ensure the safety of the drivers or their cargo. The Teamsters Union has been a staunch advocate for highway and worker safety, while the Mexican government falls far short on these basic and necessary standards."

A: Arturo Sarukhan, board member of the Inter-American Dialogue and former Mexican ambassador to the United States: "The two decade-long non-compliance of the United States with its treaty obligations under NAFTA was really never about the safety of American roads or drivers. That argument, successfully advocated by the Teamsters and their allies in Congress since 1995, was merely a red herring; it was–and has always been–about protectionism, pure and simple. While not perfect and certainly very limited in scope and participation, the demonstration program that had been in effect for the past few years and which was a direct response to the retaliatory measures equivalent to $2.4 billion that Mexico surgically imposed on specific U.S. exports in March 2009, underscored the benefits of free and fair cross-border trade. For example, one participating carrier saved more than $600,000 a year by cutting trip times and fuel costs. Another saved an estimated $188,000 in transfer fees during the nine months that it participated in the program. Mexico is the United States’ third largest trading partner and second largest buyer of U.S exports. Both our nations are trading close to $1.4 billion a day in both directions. The savings and benefits that will accrue as a result of the important resolution of this long-festering and very frustrating bilateral trade dispute will benefit both producers and consumers on both sides of our border. It will enhance our competitiveness and our unique and singular success in developing joint production and supply platforms in North America and even reduce pollution along our border and at our ports of entry as a result of trucks not having to stop to unload and load again. Fewer and newer Mexican long-haul trucks will replace smaller and older trucks that now huff and puff their way to the border. But by finally moving forward and transitioning from the demonstration program to the long-overdue and extremely welcome full-fledged access for Mexican long-haul trucks, the Department of Transportation and the administration are ensuring a level playing field for trade and bolstering the perception that the rules-based system that binds us together is being applied on both sides of our border."

A: Amy Glover, director at McLarty Associates: "Bringing the United States into compliance with NAFTA’s trucking provisions will remove a longstanding trade irritant with Mexico, the United States’ third-largest trading partner. Mexican trucks and their drivers will have to comply with the same strict standards applied to U.S. and Canadian trucks, and their ability to do so was clearly demonstrated under the recently completed pilot program. This issue was always more about protectionism than it was about legitimate concerns over compliance with U.S. safety and environmental standards anyway. In the short run, the ability to have Mexican trucks deliver merchandise within the United States will not appreciably increase the flow of goods. It will likely take time for companies to take advantage of this new possibility, and there are logistical and practical matters at play. Previously, merchandise had to be unloaded at the border and reloaded onto a U.S. truck in order to reach the final destination, implying needless inefficiencies and costs. By solving this issue, regional competitiveness will receive a boost, but customs brokers are likely to try to retain their rents as long as possible, and it may take time for companies to route their merchandise deliveries differently. Mexican trucks are not allowed to engage in cabotage in the United States, which will make delivering merchandise far afield of the border less attractive, unless the trucks are able to load shipments in the United States for return delivery into Mexico. There is no doubt that this is very good news for the U.S.-Mexico trade relationship and that after 20 years this represents a victory in favor of U.S. compliance with an international treaty. The measure will help contribute to greater efficiency at the border, where much still needs to be done to increase competitiveness generally."

The Dialogue’s Latin America Advisor features Q&A from leaders in politics, economics and finance every business day. It is available by subscription to members of the Dialogue’s Corporate Program. Learn more here.

Publicaciones. Nº 29: Una aproximación demográfica a la población extranjera en España

Autores: Andrés Arroyo Pérez, Silvia Bermúdez Parrado, Juan Manuel Romero Valiente, Juan Antonio Hernández Rodríguez y Joaquín Planelles Romero

"Una aproximación demográfica a la población extranjera en España" Esta publicación ofrece un análisis de la población extranjera residente en España desde el punto de vista demográfico, abordando los distintos sucesos demográficos: nacimientos, matrimonios, defunciones y migraciones. Para ello se ha utilizado información estadística disponible en fuentes oficiales. Al texto le acompaña un anexo, en soporte digital, que incluye toda la información estadística que ha sido recopilada y presentada en forma de tablas y gráficos.

El libro se estructura en siete capítulos, que se refieren a Población, Fecundidad, Nupcialidad, Mortalidad, Migraciones, Mercado de trabajo y Aspectos sociodemográficos. En cada capítulo se muestra la situación de la población extranjera en ese ámbito y su reciente evolución, estableciendo comparaciones con la población española. Asimismo se lleva a cabo un análisis de la información para niveles territoriales inferiores al nacional, lo que permite estudiar las diferencias entre comunidades autónomas y provincias.

Los flujos migratorios recibidos por nuestro país desde los años ochenta y más concretamente durante la primera década del siglo XXI, han transformado la estructura y características de la población española, rejuveneciéndola y aportando un numeroso colectivo de extranjeros en la franja de edad laboral. Esta circunstancia ha provocado que los sucesos demográficos se hayan visto influidos por este cambio estructural de la población, favoreciendo entre otros cambios, un significativo aumento en el número de nacimientos, consecuencia de un mayor número de mujeres en edad fértil, o la introducción de nuevas pautas en la composición de los matrimonios. Por otro lado, en el ámbito laboral, la repercusión que ha tenido la llegada de población extranjera a nuestro país, ha desencadenado una paulatina mejora de la tasa de actividad, durante la etapa de expansión económica, evolución que se ha visto truncada por la crisis económica.

Enlaces

· Documento completo en formato PDF : http://extranjeros.empleo.gob.es/es/ObservatorioPermanenteInmigracion/Publicaciones/fichas/archivos/OPI_29.pdf

· Anexo Estadístico en formato ZIP

R E F O R M A

Asegura a 77 migrantes con destino a EU

Hombres y mujeres de distintas nacionalidades, en ruta a Estados Unidos, fueron asegurados en dos operativos en Oaxaca y Veracruz.

REFORMA/Redacción

El Instituto Nacional de Migración (INM) aseguró en Oaxaca y Veracruz a 77 migrantes que viajaban hacia Estados Unidos, informó la dependencia.

En acciones por separado en ambas entidades, el INM rescató en Oaxaca a 54 extranjeros que eran trasladados "en condiciones infrahumanas" en un vehículo de carga, custodiados por una camioneta en la que viajaban presuntos traficantes armados.

"Durante una verificación migratoria en la carretera Tehuantepec-Oaxaca, a la altura del paraje conocido como La Reforma, agentes federales lograron el rescate de los extranjeros que viajaban en condiciones de hacinamiento y signos de deshidratación en un vehículo tipo torton", detalló la dependencia en un comunicado.

Indicó que puso a disposición de las autoridades correspondientes al conductor del vehículo y a su acompañante, ambos mexicanos, por su presunta participación en el delito de tráfico de personas.

Agregó que, del total de personas rescatadas, 49 son hombres, entre ellos seis menores de entre 14 y 16 años, y cinco mujeres.

El INM sólo especificó la nacionalidad de una mujer nepalí embarazada.

La dependencia relató que la camioneta que custodiaba el torton trató de "colisionar" en diversas ocasiones los vehículos del INM y que sus tripulantes exhibieron armas de fuego a fin de impedir la revisión migratoria, por lo que fue necesario solicitar apoyo de autoridades de seguridad municipales y estatales.

Los migrantes rescatados recibieron ayuda médica y alimentos, así como asistencia consular, detalla el comunicado.

Por otra parte, en Veracruz, el INM aseguró a 23 extranjeros procedentes de Guatemala y el Salvador en una revisión migratoria en La Mancha, Municipio de Actopan.

Entre los migrantes, 21 de los cuales son hombres y dos mujeres, se encuentran dos menores de edad que viajaban sin compañía de algún familiar, afirmó la dependencia.

Señaló que todos fueron llevados a las instalaciones del INM de la entidad para iniciar su procedimiento administrativo.

Desafían activistas decisión migratoria

Rafael Mathus

Corresponsal

NUEVA YORK.- El freno al decreto migratorio que ayudaría a millones de indocumentados en Estados Unidos a regularizarse fue desafiado abiertamente ayer.

Sin papeles y activistas pro migrantes prometieron luchar contra la decisión del lunes de un juez federal en Texas de suspender temporalmente la aplicación del alivio migratorio otorgado por el Presidente Barack Obama en lo que se decide un fallo.

"Vamos a ganar, pero vamos a tener que continuar la lucha, en las calles y en el Congreso", anticipó Steven Choi, director ejecutivo de la Coalición Migratoria de Nueva York (NYIC, según sus siglas en inglés).

Choi estuvo acompañado por varias organizaciones que reúnen a inmigrantes indocumentados, como La Fuente, Make The Road y Atlas DIY, además de legisladores nacionales, estatales y locales y miembros de otras organizaciones que pujan por los derechos de los inmigrantes.

El mensaje que dejaron los oradores fue el mismo: el fallo del juez Andrew Hanen en contra de la acción ejecutiva es sólo un "bache en el camino", y tarde o temprano se sorteará.

"Tienen que ver que no nos vamos a dar por vencidos, que se den cuenta de que somos muchos millones de latinos los que estamos aquí", afirmó Angélica Salgado, del grupo La Fuente y oriunda del Distrito Federal que esperaba aplicar al programa de Obama, cuyas inscripciones habrían comenzado ayer.

Desafían fallo en NY

Inmigrantes sin papeles y activistas a favor de la inmigración desafiaron el fallo en contra del alivio migratorio otorgado por Obama.

Rafael Mathus Ruiz/ Corresponsal

Inmigrantes indocumentados y activistas a favor de la inmigración desafiaron ayer abiertamente el fallo en contra del alivio migratorio otorgado por el Presidente Barack Obama que dictó un juez federal en Texas.

"Vamos a ganar, pero vamos a tener que continuar la lucha, en las calles y en el Congreso", anticipó ayer el Director Ejecutivo de la Coalición Migratoria de Nueva York (NYIC, según sus siglas en inglés), Steven Choi, durante una conferencia de prensa, rodeado de militantes.

Choi estuvo acompañado por varias organizaciones que reúnen a inmigrantes indocumentados, como La Fuente, Make The Road, Atlas DIY, además de legisladores nacionales, estatales y locales y miembros de otras organizaciones que pujan por los derechos de los inmigrantes.

El mensaje que dejaron los oradores fue el mismo: el fallo del juez federal de Texas, Andrew Hanen, en contra de la acción ejecutiva de Obama que le otorgaría permisos de trabajo a más de 4 millones de extranjeros que viven sin papeles en el país, es sólo un "bache en el camino", y tarde o temprano se sorteará.

Choi dijo a REFORMA que los detractores de la iniciativa presentaron la demanda ante el tribunal de Henan a sabiendas de que es un juez antiinmigrante que además está en contra de Obama.

Henan fue nombrado por George W. Bush, y pertenece a uno de los circuitos judiciales más conservadores del país.

Choi no descartó que la pelea judicial pueda llegar a la Corte Suprema.

"Puede suceder", dijo.

"Estamos totalmente convencidos de que al final del día vamos a prevalecer. Todos los expertos legales dicen que el Presidente tiene la autoridad para otorgar el alivio migratorio", completó.

Con todo, el activista admitió que el fallo adverso podría llegar a demorar unos meses la implementación del decreto de Obama.

Una y otra vez, los inmigrantes presentes levantaron la voz para gritar su desafío al magistrado de Texas: "¡Si!¡Se puede!…¡Si!¡Se puede!", exclamaron.

Todos prometieron continuar presionando a los políticos hasta obtener una reforma migratoria que sepulte de manera definitiva los avatares que enfrentan día a día.

Angélica Salgado, mexicana oriunda del Distrito Federal, madre de 3 hijos, de 8, 6 y 3 años, llegó junto a su marido a Estados Unidos con una visa de turista que luego venció.

Esperaba aplicar para el programa conocido como "DAPA", previsto para familiares de ciudadanos estadounidenses.

"Mi primera reacción cuando escuché el fallo fue llorar", aseveró a REFORMA Salgado, integrante de la organización La Fuente.

"Tienen que ver que no nos vamos a dar por vencidos, que se den cuenta de que somos muchos millones de latinos que estamos aquí y que ellos vean que podemos devolver de alguna forma a este país", agregó.

Francisco Curiel, de 22 años, estudiante de sociología y miembro de otra organización, Make The Road, tenía todo listo para aplicar a la ampliación de los beneficios migratorios para jóvenes extranjeros que no tienen papeles. Ahora, tendrá que esperar.

¿Qué pasa si el freno no es sólo "un bache en el camino"?

"Sería triste, hoy iba a ser el primer día y había personas que estaban súper listas para aplicar" respondió Curiel.

Uno decía, por fin el mero día llega. Daría tristeza si pasara eso, pero siento que no nos tenemos que dar por vencidos. Hace 20, 30 años, uno no venía nada de esto", finalizó.

Detienen al día a 16 migrantes

Entre diciembre de 2012 y septiembre de 2014, el INM realizó mil 756 operativos en los que detuvo a más de 10 mil migrantes, 16 por día.

Silvia Garduño

El Instituto Nacional de Migración (INM) detuvo, con apoyo de la Policía Federal, a 10 mil 609 extranjeros entre el 1 de diciembre de 2012 y el 29 de septiembre de 2014, lo que equivale a 16 por día.

En respuesta a una solicitud de información, la dependencia reportó que en la actual Administración se han realizado mil 756 operativos, lo que equivale a 80 operativos por mes y a 2.6 por día.

Las delegaciones que registraron mayor número de migrantes detenidos en este periodo son Veracruz, con 3 mil 17; San Luis Potosí, con mil 494; Querétaro, con mil 101; Nuevo León, con 984; Tlaxcala, con 887, y Sonora, con 553.

El INM precisó que la delegación de Veracruz no requirió del apoyo de la Policía Federal, por lo que las detenciones tendrían que haberlas efectuado los agentes del Instituto por su cuenta o con el apoyo de policías locales y estatales o elementos de las Fuerzas Armadas.

En tanto, las representaciones de Nayarit y Sinaloa no registraron ningún operativo de revisión o verificación migratoria en coordinación con la Policía Federal y, a diferencia de Veracruz, no reportaron detenciones.

La delegación del INM en Chiapas, entidad por la que ingresa a territorio nacional la mayor parte de los migrantes indocumentados, únicamente documentó nueve operativos conjuntos con la Policía Federal, en los que se logró detener a 190 extranjeros.

Los estados en los que se han realizado más operativos en coordinación con la Policía Federal durante la gestión del comisionado Ardelio Vargas son Tlaxcala, con 159; Nuevo León, con 150; Sonora, con 125; Michoacán, con 110, y Tamaulipas, con 107.

Después de Nayarit y Sinaloa, las entidades que registran menos operativos con la Policía Federal son Jalisco, el Distrito Federal y Aguascalientes, con uno.

A partir de la información proporcionada por el INM se advierte que los operativos tienen una efectividad del 58 por ciento, pues en casi cuatro de cada 10 las autoridades no reportan detención alguna.

Aunque la dependencia reveló el número de operativos realizados por entidad federativa, reservó tanto las fechas como los lugares de los mismos, argumentando que la publicidad de dicha información ponía en riesgo la efectividad y eficiencia de acciones futuras, ya que la autoridad migratoria realiza las revisiones y verificaciones en los mismos lugares de manera periódica.

Además, advirtió, dicha información podría ser utilizada por el crimen organizado.

"La delincuencia organizada con esta información estaría en aptitud de planear en algún momento cometer actos ilícitos y graves violaciones a los derechos humanos de los migrantes que transiten por puntos de revisión temporal que establece el INM, delitos como pueden ser el secuestro, extorsión, robo, trata de personas y en un extremo, homicidio", indica la respuesta del organismo.

Lidera Tamaulipas en repatriaciones

Silvia Garduño

Por primera vez, Tamaulipas superó a Baja California como la entidad por donde Estados Unidos deporta a la mayor cantidad de mexicanos.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Migración, en 2014 el vecino país repatrió a 77 mil 815 mexicanos por Tamaulipas, lo que equivale al 32 por ciento del total, mientras que por Baja California se deportó a 60 mil 11 connacionales.

En entrevista, Ana Cecilia Oliva, directora de Protección al Migrante y Vinculación del INM, explicó que este cambio responde a cuestiones logísticas de Estados Unidos.

"Siempre había sido por Baja California y ahora los americanos nos están enviando el mayor número de repatriaciones por Tamaulipas", indicó en el marco del foro "México en el Mundo", organizado por el Senado.

El Embajador Enrique Berruga reconoció que México no tiene una política hacia sus repatriados, cuyo talento podría ser aprovechado.

Descartan reactivación de deportaciones

La Cancillería aseguró que la suspensión de medidas migratorias en EU no implica que se reactiven las deportaciones.

Silvia Garduño

La suspensión de las medidas migratorias en Estados Unidos no implica que se reactiven las deportaciones, advirtió la directora de Protección a Mexicanos en el Exterior, Reyna Torres.

"Hay que pasar este mensaje a nuestra comunidad. Que se suspendan las medidas anunciadas por el Presidente (Barack Obama) no deja sin efecto otros componentes, entre ellos las prioridades de deportación, en las que no están los padres indocumentados de menores ciudadanos estadounidenses", indicó.

Entrevistada en el marco del foro "México en el Mundo", explicó que a través de las conversaciones entre los consulados mexicanos con las autoridades migratorias estadounidenses se puede evitar que personas detenidas y a punto de ser deportadas pero que demuestran que tienen un hijo estadounidense se les deja en libertad.

Asimismo, hizo un llamado a los jóvenes que todavía no se han acercado a solicitar acción diferida para que lo hagan, y que los que se están preparando para ser beneficiados por la ampliación del programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) y el de Acción Diferida para Padres de Ciudadanos Estadounidenses y Residentes Legales Permanentes (DAPA), lo sigan haciendo, pese a la suspensión.

Reiteró que el Programa Comunidades Seguras está cancelado.

"El Programa Comunidades Seguras hacía que muchas de las personas indocumentadas al interior del país fueran deportadas, ese programa se eliminó con el anuncio del Presidente y continúa vigente esta cancelación", mencionó.

Finalmente, Torres dijo ser optimista en cuanto a que el asunto jurídico se resuelva en un tiempo razonable y a favor de la comunidad migrante.

Rescatan grupos Beta a 236 migrantes

En lo que va de 2015, los Grupos Beta del Instituto de Migración han rescatado a 236 migrantes en zonas de alto riesgo en el País.

Gabriela Sevilla

En lo que va de 2015, 236 migrantes que transitaban por zonas de alto riesgo, incluidos 10 que estaban perdidos en medio del desierto, fueron rescatados por los Grupos Beta del Instituto Nacional de Migración (INM).

En un comunicado, la Secretaría de Gobernación (Segob) informó que los 22 grupos Beta ubicados en nueve estados de la República realizan un trabajo humanitario recorriendo diariamente más de 4 mil kilómetros para rescatar, asesorar, dar primeros auxilios y localizar personas extraviadas, así como patrullar las zonas de alto riesgo.

Del 1 de enero al 10 de febrero, detalló, los agentes de Protección al Migrante atendieron a 19 mil 213 migrantes, tanto nacionales como extranjeros, que cruzaban ríos caudalosos, montañas, sierras o lugares desérticos; proporcionaron asistencia social a 15 mil 453 migrantes, brindaron primeros auxilios a 55 lesionados y asistencia legal a 35.

Durante 2014, los Grupos Beta atendieron a 210 mil 94 nacionales y extranjeros que transitaban por el País y entregaron 157 mil 689 ejemplares de la Guía para los Migrantes y 152 mil 648 trípticos preventivo recientemente actualizados para que los migrantes conozcan y hagan valer sus derechos; así como para que tengan los números de emergencia ante cualquier situación de riesgo.

De acuerdo con la Segob, los Grupos Beta recibieron capacitación en Estados Unidos a través del Curso de Rescate y Salvamento impartido por el equipo de búsqueda y rescate Borstar de la Patrulla Fronteriza. Además, mantienen una preparación como Licenciados en Enfermería, Técnicos de Urgencias Médicas y Paramédicos.

Asimismo, en coordinación con la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, el Instituto Nacional de las Mujeres y la Universidad Autónoma de Coahuila, Agentes de Protección participaron en el curso "Mujer Migrante" en materia de derechos humanos.

Reforma publicó hoy que el INM detuvo, con apoyo de la Policía Federal, a 10 mil 609 extranjeros entre el primero de diciembre de 2012 y el 29 de septiembre de 2014, lo que equivale a 16 detenciones por día.

En respuesta a una solicitud de información, el INM reportó mil 756 operativos realizados en la actual Administración, lo que equivale a 80 operativos por mes y a 2.6 por día.

Avanza puente fronterizo en Tijuana

El puente peatonal para cruzar la frontera desde Tijuana ya concluyó su tramo en la parte de México y se espera que para marzo terminen la parte correspondiente a Estados Unidos.

Jorge Velazco

El puente peatonal Cross Border Xpress (CBX) que se construye en la ciudad de Tijuana en la frontera con Estados Unidos registra un avance importante.

Este fin de semana se terminó la parte de México, mientras que la parte de Estados Unidos se prevé que concluya para marzo próximo.

El puente peatonal CBX es un edificio que unirá al Aeropuerto de Tijuana con Estados Unidos y contará con servicios de migración y aduana.

El puente, que medirá 130 metros de largo, inició su construcción en mayo de 2014 y se espera que quede abierto para el cruce de pasajeros a finales de 2015.

En este proyecto se prevé una inversión de 120 millones de dólares y será operado y desarrollado por Otay Tijuana Venture, LLC, un grupo privado de inversión con accionistas estadounidenses y mexicanos, contando también con el financiamiento de Bancomext e Invex.

De acuerdo con el Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) más de 2 millones de pasajeros cruzan anualmente en esta zona.

"Es emocionante ver estas dos grandes secciones del puente colocadas en su lugar", dijo Enrique Valle, Director del proyecto.

"Esto representa el más visible avance del proyecto, mismo que los funcionarios regionales, los organismos y los consumidores han esperado por muchos años", agregó.

Buscan 26 mil madres asilo en EU

Un total de 26 mil 342 casos de mujeres migrantes con hijos enfrentan juicios en cortes de migración de EU para obtener asilo.

Notimex

Un total de 26 mil 342 casos de migrantes femeninas con hijos, en su mayoría centroamericanas, enfrentan juicios en cortes de migración de Estados Unidos, con la esperanza de obtener asilo, según información del Gobierno federal.

La mayoría de los casos de mujeres con hijos en las cortes de migración en Estados Unidos son de Honduras (10 mil 805), de acuerdo con datos difundidos por el proyecto Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC), de la Universidad de Syracuse.

Después siguen mujeres originarias de El Salvador (6 mil 642 casos), de Guatemala (4 mil 777) y de México (3 mil 670). En la corte de Houston están radicados la mayoría de los casos.

El análisis de los datos también sugiere que la mayoría de estas mujeres no cuenta con representación legal y, en consecuencia, tiene escasas posibilidades de demostrar ante el juez que el miedo creíble que tienen de regresar a su país de origen merece una solicitud de asilo.

El análisis del TRAC destacó que poco menos del 30 por ciento de todas las mujeres con hijos en procesos de migración hasta finales de enero cuenta con representación legal. Así, de acuerdo con los 7 mil 740 juicios ya decididos a fines de enero, el 26.4 por ciento ha evitado la deportación.

Sin embargo, más de 70 por ciento de las mujeres con hijos que están en procedimientos de deportación no cuenta con representación legal para ayudarlas a probar que tienen miedo por sus vidas.

Sin abogado, sólo el 1.5 por ciento de estas madres ha ganado sus procesos legales.

"Sin representación legal, las mujeres con niños casi nunca prevalecen, incluso luego de haber logrado demostrar miedo creíble de regresar a su propio país", apuntó el TRAC.

La mayor parte de los casos de mexicanas con hijos se encuentran en la corte de migración de la ciudad de San Francisco, California, donde representan el 57 por ciento de los dos mil 546 juicios radicados en la jurisdicción. Siguen cortes de Dallas, San Antonio, Chicago y Los Angeles.

Trata Osorio migración y fronteras en EU

El titular de Gobernación se reunió con el Secretario de Seguridad Interna de Estados Unidos para abordar las nuevas políticas migratorias.

REFORMA/Redacción

El Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong se reunió con el Secretario de Seguridad Interna de Estados Unidos, Jeh Johnson, para hablar sobre la migración y la seguridad fronteriza.

El titular de la Segob destacó que la buena relación entre ambos países ha permitido mejorar las condiciones de retorno de los mexicanos, así como un mayor orden y seguridad en los cruces fronterizos, según un boletín informativo de la dependencia.

Ambos secretarios coincidieron en que la orden ejecutiva impulsada por el Presidente de Estados Unidos, Barack Obama, tendrá un impacto positivo para millones de migrantes.

La medida de Obama, con la que busca salvar la deportación de unos 5 millones de personas que viven de forma irregular en suelo estadounidense, fue congelada por un juez federal en Texas el pasado 17 de febrero.

En la misma reunión, estuvieron presentes el Subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Sergio Alcocer, y el Embajador de México, Eduardo Medina Mora.

Buscan rescatar a más de mil migrantes

Más de un millar de migrantes están siendo rescatados entre la isla italiana de Lampedusa y las costas de Libia.

Agencias

Más de un millar de migrantes estaban siendo rescatados este domingo por la noche entre la isla italiana de Lampedusa y las costas de Libia, anunciaron medio de prensa italianos citando a la guardia costera.

Unos 150 inmigrantes a bordo de dos de las embarcaciones en dificultades ya fueron rescatados, según el Centro Nacional de Socorro, citado por la agencia de noticias AGI.

Una fuente de la guardia costera dijo que serían más mil los migrantes auxiliados y que la cifra podría llegar a mil 200 o mil 300 personas.

Un mejor clima desde la semana pasada ha alentado a los migrantes a realizar la peligrosa travesía desde el norte de África, donde el colapso del orden en Libia ha hecho casi imposible perseguir a los traficantes que suben a muchas personas en embarcaciones desvencijadas.

Más de 300 personas murieron la semana pasada al intentar cruzar el Mediterráneo, en un recorrido que el año pasado cobró 3 mil 500 vidas incluso antes de que Italia cerrara su operación de búsqueda y rescate "Mare Nostrum" en diciembre.

El barco Fiorillo de la guardia costera y varias patrulleras fueron enviados al más reciente rescate, junto a cuatro barcos mercantes y dos remolcadores que fueron desviados para sumarse a la operación.

Un buque de la Armada, dos barcos patrulleros de la policía y un navío maltés también fueron movilizados, dijo un portavoz de la guardia costera.

· Se gastan $910 al día en cada extranjero remitido a las estaciones del INM

Auditoría detecta deficiencias en el control del flujo migratorio

· No se divulgó información sobre la cantidad de personas que salieron del país en 2013

El Instituto Nacional de Migración rescató en dos acciones a 77 extranjeros que se dirigían a Estados Unidos, 54 de ellos en Oaxaca, los cuales eran trasladados en condiciones infrahumanas dentro de un vehículo de carga custodiado por una camioneta conducida por presuntos traficantes armados. El hecho ocurrió en la carretera Tehuantepec-Oaxaca, a la altura del paraje conocido como La Reforma. Del total de rescatados, 49 son hombres, entre ellos seis menores de edad de entre 14 y 16 años, y cinco mujeres, entre las cuales se encontraba una embarazada originaria de Nepal

Foto Reuters

Fabiola Martínez

Periódico La Jornada
Viernes 20 de febrero de 2015, p. 13

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó deficiencias en el control del flujo migratorio durante el primer año de este sexenio.

En 2013, el Instituto Nacional de Migración contó con 191 puntos de internación en los que documentó el ingreso al país de 25 millones de personas (78.3 por ciento extranjeros y el resto mexicanos). Sin embargo, el organismo no dispuso de la información de las personas que salieron.

Lo anterior, subrayó la ASF, porque carece de filtros de control en todos los puntos destinados al tránsito internacional de personas, por lo que no se garantizó la regulación y verificación de los flujos migratorios.

De las estaciones migratorias (actualmente en análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para determinar si el resguardo de extranjeros es constitucional), la Auditoría dijo que durante 2013, el INM alojó a 85 mil 921 extranjeros, en 58 estancias habilitadas. Casi 90 por ciento fueron devueltos a sus países de origen, con retorno asistido.

En tanto, a 2 mil 384 (2.8 por ciento del total) se les dictó salida sin regreso; a un porcentaje similar, deportación, y a 5.1 se les otorgó salida de estos inmuebles, a fin de que tramitaran su regulación.

La auditoría de desempeño detectó registros poco claros en mil 416 extranjeros albergados en estaciones; apunta el aseguramiento de casi 2 mil foráneos en entidades que no tienen estaciones migratorias o lugares provisionales para el resguardo de extranjeros.

En cuanto a la rendición de cuentas, encontró diferencias entre el primer informe de gobierno de esta administración y el propio reporte anual del INM, pese a que ambos tienen la misma fecha de corte.

En cuanto a la identificación de sujetos relacionados con la delincuencia organizada o cualquier otra actividad que ponga en riesgo la seguridad del país, la ASF dijo que el Instituto no contó con mecanismos que le permitan consultar o informar oportunamente de estos casos a las autoridades responsable de la seguridad nacional.

La ASF mostró deficiencias en los documentos de algunas de las visitas de verificación, en especial de los supuestos en que fueron encontrados los extranjeros.

Cada año se internan en México alrededor de 140 mil extranjeros indocumentados. Cuando son llevados a las estaciones del INM, el costo de atención por cada uno es de 910 pesos al día.

Por otra parte, la ASF reconoce la oportunidad en la resolución de trámites migratorios. Durante el año evaluado, el INM resolvió casi medio millón de trámites, de los cuales poco más de la mitad se atendió en los plazos fijados.

Un año después, en 2014, el INM presentó informes vinculados al control y verificación migratoria, con énfasis en la frontera sur, puesto en marcha el 7 de julio; con base en este plan aumentó la expedición de tarjetas de visitante regional. Atendió de manera personalizada a los migrantes menores de edad. También aumentó el rango de protección a migrantes y los mecanismos de apoyo a repatriados, tanto a mexicanos enviados de Estados Unidos, como del retorno asistido para centroamericanos.

En control de confianza, de enero a septiembre de 2014 evaluó a 5 mil empleados, 98.23 por ciento del total de la plantilla laboral del instituto.

México, sin política para el migrante: líder de ONG

Ciro Pérez Silva

Periódico La Jornada
Viernes 20 de febrero de 2015, p. 16

México no tiene una política hacia el migrante que se va ni para el que vuelve, afirmó Enrique Berruga Filloy, vicepresidente de la fundación Mexicans and Americans Thinking Together, tras asegurar que el presidente Barack Obama está atado de manos y pronosticar que la acción ejecutiva para aliviar las deportaciones se va a quedar atorada en Nueva Orleáns el resto de la gestión de Obama. No habrá una solución migratoria tan amplia y ambiciosa como la que planteó.

Al participar en el panel La frontera norte de México: los problemas de la repatriación, que organiza el Senado, aseguró que a los que se van en el mejor de los casos les deseamos buena suerte. Si regresan, bien; si no, también. No tenemos una política nacional para la diáspora más grande del mundo, 30 millones de mexicanos que se han ido.

Berruga aseguró, además, que cuando son repatriados, los connacionales llegan a covachas, hay un déficit estructural. Las oficinas que los atienden no son dignas de los mexicanos que regresan. Hay colas. Por ejemplo, en Nuevo Laredo, hasta donde alcanza la vista, la gente está muriéndose de frío, no hay siquiera un vaso de agua. Hay un hacinamiento tremendo para la documentación de los paisanos. Si no podemos con eso, menos podemos pensar que se les pueda otorgar empleo en México, eso no existe.

A su vez, Ana Cecilia Oliva Balcarcel, directora general de Protección al Migrante y Vinculación de la Instituto Nacional de Migración, explicó que en 2014 se recibieron 242 mil 753 repatriados contra 332 mil 865 que llegaron el año anterior, es decir, 90 mil menos.

Contrario a Berruga, aseguró que les da comida, hospedaje y documentos de identidad, hasta que deciden qué van a hacer.

Presentación Libro Dra Aragonés_Palacio de Mineria.pdf

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