Notas de prensa

Hay 232 millones de migrantes en el mundo: ONU

Foto: AFP

Organización Editorial Mexicana

7 de octubre de 2014

Naciones Unidas.- En el mundo hay 232 millones de migrantes repartidos en los cinco continentes, lo que equivale al 3.0 por ciento de la población, de acuerdo con el más reciente informe de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

Debatido en la Asamblea General de la ONU, el reporte indicó que el porcentaje de migrantes internacionales se ha mantenido estable en las últimas décadas, aunque entre 2010 y 2013 el número de personas que dejaron su país de origen aumentó en 10.8 millones de individuos.

En el documento se destacó que si bien la migración internacional entre continentes recibe mayor atención, la mayoría de los migrantes se trasladan en distancias más cortas.

Los mayores incrementos de migrantes entre 2010 y 2013 se produjeron en Asia y Europa, con un aumento de más de tres millones en cada región durante ese período.

El reporte resaltó que 25.9 millones emigraron de América Latina y el Caribe hacia América del Norte, casi la mitad de los 53.1 millones de personas que radican en Estados Unidos y Canadá sin haber nacido en esos lugares.

El reciente repunte de la migración hacia América del Norte se debió principalmente a flujos procedentes de América Central, Asia Oriental y Suroriental, y el Caribe.

Mientras tanto, en América del Sur, gran parte del aumento obedeció a los migrantes nacidos en países fuera de esa región.

El informe exhortó a la Asamblea General a considerar la posibilidad de integrar el tema de los migrantes internacionales, la migración y la movilidad en el debate en torno a los objetivos de desarrollo sostenible posterior al año 2015.

Notimex

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INMIGRANDO A CANADA

Oct 8, 2014 at 12:01 am

Por Vilma Filici

filici

TORONTO. Al parecer hay un problema de comunicación muy grande entre el Ministro de Transporte de la provincia de Ontario y su dependencia. El 25 de septiembre, un representante del Ministro Steven Del Duca, en entrevista con el periódico Toronto Star, dijo que habían cortado lazos con la Agencia de Servicios de Frontera de Canadá (CBSA, por sus siglas en ingles), ya que se estaba revisando la práctica de cooperación en redadas de personas indocumentadas con esta agencia.

En concreto, el vocero del Ministro dijo que no habría más operativos de seguridad en las carreteras en conjunto con la CBSA mientras estuviera en marcha el proceso de revisión de la práctica, y que se esperaba que esta tardara un par de semanas en concluir.

Esta revisión se está llevando a cabo como resultado de las redadas que tuvieron lugar el 14 de Agosto recién pasado, en la cual, con la ayuda del Ministerio de Transporte de Ontario, 21 trabajadores de la construcción fueron arrestados y la mayoría fueron deportados.

Hubo mucha cobertura en los medios de comunicación sobre este incidente, y grupos que trabajan con inmigrantes y con indocumentados, así como también políticos de oposición, pidieron explicaciones de por qué un departamento provincial que nada tiene que ver con Inmigración se está prestando para arrestar personas.

Sin embargo, al parecer ni los oficiales del Ministerio de Transporte de la Provincia de Ontario ni los oficiales de la CBSA se han enterado de esta decisión, ya que el mismo día 25 de septiembre en la mañana, mientras se hacia el anuncio, oficiales del Ministerio de Transporte de Ontario estaban nuevamente deteniendo vehículos con la excusa de inspeccionarlos para asegurarse de que estaban en condiciones adecuadas para transitar por las calles de la ciudad, y a su vez, sin ninguna autoridad, pedían documentación a los ocupantes de los vehículos.

Al igual que sucedió el 14 de Agosto, al notar que algunas de las personas que se transportaban en el vehículo no tenían estatus inmigratorio, los llevaron a una estación de servicio cercana, donde se encontraban oficiales del CBSA. Las personas fueron entregadas y por lo menos tres de estas fueron arrestadas y llevadas al centro de detención. Una de ellas fue deportada el día 28, otra fue deportada la semana pasada; la restante aún no tiene fecha de salida.

La información viene de fuentes fidedignas y ha sido compartida con organizaciones que trabajan para el bienestar de los inmigrantes.

Realmente es una vergüenza que el gobierno sea tan descarado de estar dando una información a los medios de comunicación cuando simultáneamente sus oficiales están haciendo todo lo contrario de lo que se anuncia. De no haberme llamado una persona para comentarme lo sucedido, este atropello hubiese pasado desapercibido.

Es absolutamente necesario que cuando suceden estos atropellos la información se divulgue. De no haber informado a los medios sobre las redadas del 14 de Agosto, éstas también hubiesen pasado desapercibidas y hubiesen continuado.

En el caso de los arrestos de Agosto la mayoría de los detenidos eran hispanos. Los tres detenidos el 25 de Septiembre son mexicanos.

Los medios han hecho mucho énfasis en el hecho que pareciera ser que se está perfilando a la comunidad hispana. Inicialmente yo no lo quise aceptar, pero hablando con amigos y colegas, y específicamente después de estos últimos arrestos, tengo que aceptar que sí efectivamente se está dando una persecución a un grupo específico: el hispano.

Un amigo me preguntó recientemente si habíamos visto alguna redada en otras áreas geográficas conocidas por sus etnias específicas, y mi respuesta fue obviamente que no, lo cual solidifica el hecho de que andan rondando por las zonas hispanas. Parecen haberse empecinado en deportar a gente que a pesar de no tener estatus inmigratorio son trabajadores y honestos. ¿Su crimen? Buscar un mejor futuro para sus familias.

Estas personas son muy fáciles de encontrar. Las encuentran en vehículos que van destino a obras de construcción. Y las identifican por los logos al costado de las camionetas, por sus escaleras y por otros elementos de trabajo que delatan que ahí van trabajadores, y pareciera que los oficiales asocian indocumentados con trabajadores.

Sobre esta base, en vez de buscarlos para deportarlos, lo que el gobierno debería hacer es crear un programa de regularización para todas las personas que se encuentre en Canadá sin estatus legal pero que están trabajando. Porque si están trabajando es porque hay demanda para sus habilidades y están ocupando puestos que de otro modo estarían vacíos.

La mayor parte de los indocumentados son excelentes ciudadanos y son de admirar porque a pesar de su estatus se comportan como ciudadanos ideales. Siempre que estoy frente a un indocumentado y veo la calidad de persona que es, pienso en lo que podrán llegar a lograr en el momento en que tengan la residencia y la paz de moverse sin estar cuidando sus espalda.

La última vez que el gobierno promovió un programa de regularización fue en el año 1993. Ya pasaron 21 años, y desde ese tiempo muchas personas han llegado, han permanecido y se han establecido en el país. Tiene hijos nacidos y criados en Canadá. Están pagando impuestos y están dando lo mejor de sus capacidades al país.

Entre 1986 y 1993, cientos de miles de indocumentados obtuvieron su residencia permanente. Yo tuve la suerte de haber representado a muchos de ellos y también he tenido la suerte de verlos a través de los años. Los he visto prosperar, hacerse profesionales y empresarios, y en muchos casos dar trabajo a residentes y ciudadanos.

Los indocumentados en general son trabajadores muy valiosos para Canadá, por lo que sería de esperar que se les diera una oportunidad para regularizar su situación en el país. Y mientras eso sucede, sería de esperar también que nuestros funcionarios políticos cumplieran al pie de la letra lo que dicen, y que por tanto, si el Ministro de Transporte de Ontario asegura que no harán más redadas en coordinación con la CBSA, que efectivamente lo cumpla y que eso no vuelva a suceder.

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Un activista mexicana gana el ‘premio Nobel’ de derechos humanos

Alejandra Ancheita obtuvo la distinción Martin Ennals por su trabajo con una asociación que protege a grupos migrantes e indígenas

Martes, 07 de octubre de 2014 a las 15:19

El ‘Nobel’ de derechos humanos para una mexicana

Ancheita dijo que ella y 17 de sus colaboradores han sido amenazados de muerte por su trabajo (Martinennalsaward.org/Cortesía).

México "fracasa" en detener la tortura: Amnistía

(EFE) — La activista mexicana Alejandra Ancheita fue galardonada este martes con el premio Martin Ennals, una distinción con la que la comunidad internacional de derechos humanos reconoce a personas que han realizado un notable trabajo en este ámbito y que han asumido riesgos considerables por ello.

La galardonada es fundadora y directora de ProDESC, una organización no gubernamental que trabaja para proteger a los inmigrantes y comunidades indígenas frente a compañías que explotan los recursos mineros o energéticos localizados en sus tierras en México.

Para la presidenta de la Fundación Martin Ennals y expresidenta de Suiza, Micheline Calmy-Rey, la elección de Ancheita pone de manifiesto la gran variedad de amenazas que afrontan los defensores de los derechos humanos.

El caso específico de la activista de México, sostuvo, muestra que "la connivencia de gobiernos locales y tribunales con influyentes poderes económicos puede provocar difamaciones y ataques violentos" en contra de quienes sólo trabajan para defender a los que no tienen voz.

Ancheita, tras recibir su galardón, expresó su confianza en que este premio sensibilice a la opinión pública sobre el aumento de la violencia contra las comunidades indígenas y quienes los defienden, un fenómeno que ella observa que se ha agravado en los últimos dos años.

"El gobierno no está dando una respuesta afectiva a esta situación ni ofrece las condiciones adecuadas para que los defensores cumplan su trabajo", señaló.

ProDESC está bajo la protección del relativamente nuevo Mecanismo Federal de Protección de Defensores de los Derechos Humanos y Periodistas de México, pero esto todavía no ha significado un gran cambio para su entidad.

"Presentamos una queja en noviembre y el gobierno hasta ahora no ha realizado un análisis del riesgo, que seguimos esperando… y este es sólo un ejemplo de lo que ocurre con la gran mayoría de organizaciones que intentan utilizar este mecanismo", aseguró.

Una de las razones por las que Ancheita fue escogida entre tantos dedicados defensores de los derechos fundamentales es que su organización y ella misma han sido blanco de ataques difamatorios "que buscan crear un terreno propicio en el que cualquier ataque sea percibido como algo que nosotros mismos buscábamos", explicó.

Sostuvo que ella y sus colaboradores -ProDESC cuenta con 17 empleados- han sido amenazados de muerte, son seguidos cuando realizan viajes dentro de México, y sus casas y oficinas son igualmente vigiladas por personas no identificadas.

Un objetivo del premio Martin Ennals es llamar la atención pública sobre activistas que cumplen su misión a pesar del peligro y brindarles así, de forma indirecta, algún tipo de protección.

Sin embargo, la defensora mexicana consideró que "este tipo de premio nunca es una garantía de seguridad, siempre seremos víctimas de ataques, a veces de manera pública y otras veces con métodos más sofisticados".

El galardón de derechos humanos se concede cada año desde 1993 y es concedido por un grupo que reúne a diez organizaciones que trabajan en este ámbito y que están entre las más prestigiosas del mundo.

Este año se recibieron medio centenar de nominaciones de gran calidad, de las que quedaron diez que fueron examinadas y documentadas con mucha atención, y de las que finalmente quedaron tres finalistas, con la mexicana Ancheita a la cabeza.

En total, el laureado recibe un apoyo financiero de unos 32,000 dólares (430,849 pesos), en parte financiados por el Ayuntamiento de Ginebra.

EL FINANCIERO

Cancillería pide a Arizona reconocer aportación de migrantes

Ana Luisa Fajer, directora general para América del Norte de la cancillería, llamó a Arizona a reconocer la aportación de los mexicanos en la economía y cultura del estado, por lo que sugirió promover un mayor entendimiento entre ambas sociedades.

Roxana González

07.10.2014 Última actualización 07.10.2014

Además de promover el intercambio comercial con México, Arizona debe reconocer y promover la aportación que los mexicanos hacen a la economía y la cultura de ese estado de la Unión Americana, pidió Ana Luisa Fajer, directora general para América del Norte de la cancillería.

Al participar en la inauguración de la Oficina de Comercio e Inversión de Arizona en la Ciudad de México, la funcionaria de la cancillería destaco que lo que verdaderamente une a México y Arizona es su gente, por lo que además de promover lazos económicos, también se debe promover un mayor entendimiento entre ambas sociedades. Arizona, junto con Texas, son los estados de la Unión Americana considerados como los más antiinmigrantes.

Además Arizona es la entidad con mayor número de migrantes mexicanos muertos en el intento por hacer realidad el sueño americano.

Sandra Watson, presidenta de la autoridad de comercio de Arizona, informó que la nueva oficina comercial será dirigida por autoridades de comercio de ese Estado en colaboración con la ciudad de Phoenix, además de otros socios que aportarán financiamiento, incluyendo la Asociación de Gobiernos de Maricopa, la ciudad de Tucson, y Visit Phoenix.

Además añadió que la gobernadora Jan Brewer y la legislatura estatal ya comprometieron 300 mil dólares para establecer y administrar la nueva oficina y crear una plataforma para las empresas de ambos países con el fin de ampliar las oportunidades comerciales y de inversión.

Archivo Colef 2012

Políticas y riesgos no han impedido el flujo de migrantes hacia EEUU: Observatorio de Legislación y Política Migratoria

En 2014, el incremento en el flujo de migrantes que cruza por México con destino a Estados Unidos, en particular de menores no acompañados, ha obligado al gobierno de ambos países a tomar medidas para frenar esta oleada. Por un lado, en Estados Unidos, frente al impase en el Congreso, se está a la espera de la propuesta de acción ejecutiva para una reforma migratoria del presidente Barack Obama. Por otro lado, ante la incertidumbre de lo que será la política sobre migración en este país, algunos estados y condados están tomando sus propias medidas de atención de lo que se presenta como una problemática migratoria.

La respuesta de México ante este fenómeno se ha visto reflejada en políticas federales que se materializan en los Estados fronterizos del norte y sur. El ejemplo más reciente es la implementación del Plan de la Frontera Sur que, en el decreto de su creación, instruye a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal proporcionar atención integral de los migrantes. Se plantea el incremento en el personal del Instituto Nacional de Migración, la modernización de los cruces fronterizos en el sur del país, se amplía el visado temporal fronterizo de solamente trabajadores a visitantes y, principalmente, se inicia el bloqueo al acceso a la Bestia.

Hay que recordar que la idea de dicho plan se estaba pensando desde mediados del año pasado como una medida para asegurar y ordenar la frontera sur, sin embargo, las medidas han resultado restrictivas y poco benéficas para los inmigrantes en su paso por México. Ante este escenario, los migrantes han optado por recorrer rutas distintas para no arriesgarse a abordar el tren y ser capturados o sufrir accidentes. Tan solo en Oaxaca hay cuatro caminos nuevos que pasan por las regiones de la Costa, el Istmo de Tehuantepec, la Sierra Mixe y la Cañada, pero estos trayectos resultan sumamente peligrosos para quienes las transitan pues se exponen a violaciones a sus derechos humanos por parte del crimen organizado e incluso de autoridades migratorias.

Respecto a la política migratoria en México, se tiene el problema de que se elabora una política federal que no considera las problemáticas e incluso la geografía específica de las distintas regiones ya que las necesidades y circunstancias de la frontera sur son diferentes de las condiciones en la frontera norte y de los Estados por donde cruzan los flujos migratorios. Asimismo, aun cuando la legislación y reglamento migratorios plantean un enfoque de derechos humanos y que se descriminalizó la carencia de documentos migratorios desde 2008, el Instituto Nacional de Migración continúa realizando redadas contra migrantes. Se militarizan los estados fronterizos del sur del país y no se han podido garantizar los derechos de los migrantes. Incluso algunos defensores de los derechos humanos de los migrantes han afirmado que “son tratados como mercancía”.

Aunque ambos gobiernos se han propuesto frenar la oleada de migrantes de una forma u otra, la realidad es que las distintas leyes y los peligros de la frontera sur de México no han impedido que el flujo migratorio continúe hacia el norte con dirección a Estados Unidos. Por su parte, ese país ha continuado deportando a personas sin documentos y aprehendiendo migrantes, entre ellos más de 60,000 menores no acompañados y similar cantidad de familias. Por ejemplo, existen más de 250,000 casos pendientes de mexicanos, hondureños, guatemaltecos y salvadoreños en las cortes de inmigración hasta julio del presente año. Así que la acción ejecutiva es la esperanza de aquellos que se encuentran en territorio estadounidense, sin embargo, para quienes apenas inician su camino, la legislación en materia de migración en México no significa un boleto que garantice el respeto de sus derechos humanos.

-Dra. Alejandra Castañeda, directora del Observatorio de Legislación y Política Migratoria.

En Resumen Latinoamericano

Elvira Arellano: El perfil de una migrante que no deja de luchar

Por Ilka Oliva Corado

7 octubre, 2014

¡Error! Nombre de archivo no especificado.

Para saciar la curiosidad de todo lo que está alrededor del nombre Elvira Arellano (fundadora de Familia Latina Unida y Cofundadora del Movimiento Migrante Mesoamericano) que ya es toda una institución en la lucha de los derechos humanos de los migrantes indocumentados, dentro y fuera de Estados Unidos, uno solo tiene que escribir su nombre en algún buscador de internet y aparecerán cientos de miles de artículos, su nombre despierta pasiones a favor y en contra de la migración indocumentada.

Tenía dos años siguiéndole la pista y tratando de entrevistarla y no fue posible hasta el martes 30 de septiembre que pude conocerla persona y conversar con ella. ¿Mi impresión? La de una mujer muy capaz, con una voz poderosa que atraviesa fronteras, su caso de santuario y deportación le dio la vuelta al mundo. ¿Por qué entrevistar a Elvira Arellano?, porque llegó a este país como los millones que vivimos en las sombras de la marginación y la explotación laboral, porque hay mucho por aprenderle, porque no aparenta, porque es de una pieza. Porque es tan cabal que muy bien pudo tener beneficio para sí y renunció a toda forma de compra-venta para hacer de su voz la protesta y el escudo de millones.

Un líder no se hace, nace. No hay escuelas ni universidades que respalden con un título o diploma, es la vida misma, el bregar diario y la conciencia y sed de justicia las que despiertan del pensamiento a la acción.

La entrevista se llevó a cabo en la Iglesia Metodista Unida Adalberto, ubicada en el barrio puertorriqueño de la ciudad de Chicago. El enfoque de esta entrevista es el de uno de los tantos rostros de la migración forzada, de la labor de activista de Elvira hay muchísima información en Internet, pero qué se siente migrar, cuáles son las causas, cómo se vive un santuario, la persecución de los medios de comunicación, cómo se vive una deportación y posteriormente el retorno. Elvira no acostumbra a hablar de su vida personal sin embargo en esta ocasión accedió, tal vez porque no soy periodista sino una indocumentada más que la buscó para conversar como lo hacen dos niñas ariscas que atraviesan territorio mexicano soñando cruzar la frontera y llegar a territorio estadounidense.

LEA LA ENTREVISTA COMPLETA EN:

http://www.resumenlatinoamericano.org/?p=5682

The New York Times

The Opinion Pages | Editorial

The Border Crisis Isn’t Over

Immigrants from Central America Need Legal Support

By THE EDITORIAL BOARD – OCT. 10, 2014

The vast influx of young Central American migrants that overwhelmed southern Texas this summer has receded, and so has the panic at the border. But the emergency has not gone away; it has just moved on, out of view.

The Obama administration was caught flat-footed when the surge began, and it responded with a surge of its own, rapidly setting up thousands of detention beds and putting deportations into overdrive. It moved the new arrivals to the front of the long, backlogged lines in the overwhelmed immigration courts, trying to send a forceful message to others in Central America considering the trip: Don’t try it.

The migrants, many of them unaccompanied children, came here to escape violence in Guatemala, El Salvador and Honduras, and may have credible claims for asylum. Thousands of them are now jammed into courtrooms and detention centers, and, for the most part, are starved for legal support. They have no right to government-paid lawyers, and Congress denied the administration’s request for funds for legal services. The Department of Health and Human Services has just come up with $9 million to pay for lawyers for about 2,600 unaccompanied minors. But that’s a fraction of those needing help.

Recently, local governments and nonprofit organizations have been cobbling together their own web of support. The New York City Council has joined with two philanthropic organizations, the Robin Hood Foundation and the New York Community Trust, to provide nearly $2 million for legal assistance for about 1,000 children. San Francisco has approved $2.1 million.

These are admirable gestures of community-level compassion, however makeshift and inadequate to the task. They are strikingly at odds with the refusal of the federal government to grant these desperate migrants the same consideration given to other groups of refugees. Even when President Obama and Homeland Security officials called the surge a “humanitarian crisis,” nobody — Congress least of all — seemed to believe it.

Deportations have since sent children back to the gang-and-drug maelstroms of cities like San Pedro Sula, Honduras, where fear drives families to send their children on treacherous journeys north. Advocates note that having a lawyer vastly increases the odds of a migrant’s remaining in the United States. But when migrants’ credible fears of returning are ignored, when lawyers working in detention centers lack access to their clients and basic needs like phones and computers, the result is justice delayed, derailed, denied.

The Obama administration is no doubt in a tough bind. The Border Patrol was put in an awkward spot when its agents had to supply diapers and food and other basic humanitarian care to throngs of children who willingly surrendered themselves along the Rio Grande. Anti-immigrant forces used the crisis to stir up a panic over border security. But the fear was misplaced, and the administration and Congress should have done better by these traumatized children. The United States is bound by law to give migrants who fear persecution careful consideration. Their well-being and survival should not depend solely on the kindness of strangers.

A version of this editorial appears in print on October 11, 2014, on page A22 of the New York edition with the headline: The Border Crisis Isn’t Over.

Job Center Gives a Voice, and Fair Wages, to an ‘Invisible’ Work Force

By DAVID GONZALEZ – OCT. 12, 2014

Credit David Gonzalez/The New York Times

It has been almost two years since Manuel Castro trekked to Far Rockaway, Queens, lured by the promise of demolition work in the aftermath of Hurricane Sandy. A contractor hired him to clear out storm-damaged homes, giving him $120 a day and little else.

“I got there and cars were floating in the street,” Mr. Castro said. “Homes were flooded, refrigerators had spoiled, food and televisions were broken. We had to clear it all out, but they didn’t give us any protective gear. I wore a garbage bag with holes cut for my head and arms. I got sick from who knows what.”

Faced with a choice of being safe or going broke, Mr. Castro put up with the conditions and stayed for three months. His predicament was an all too common situation for the thousands of day laborers who gather in search of work at dozens of street corners across New York City. From Bruckner Boulevard in the Bronx to Roosevelt Avenue in Queens, they wait, dashing to the curb whenever a contractor’s van slows down in search of quick hires.

Despite the hardships of life on the lower rungs of the economic ladder, many immigrants — mostly from Latin America — see those jobs as one of the only ways to support their families. That is why places like the Bay Parkway Community Job Center in Brooklyn, run by the Worker’s Justice Project, trains laborers like Mr. Castro in workplace safety while setting fair wages with contractors and ensuring safe work conditions.

“We used Sandy as an opportunity to highlight the issues that already existed,” Ligia Guallpa, executive director of the project, said. “This was an immigrant work force that had been invisible.”

The job center’s makeshift office is often bustling in the morning, when people arrive looking for work or workers. On the wall is a list of hourly rates, from $15 for a general laborer to as much as $25 for a carpenter. The idea is to set fair wages in return for guaranteeing to the contractor that their workers have the necessary skills.

This is the center’s second incarnation. Originally started in 2002, it ceased its activities in 2009, about a year after Ms. Guallpa joined the staff as an organizer. The work was something she said she would have done for free: She is the child of Ecuadorean immigrants who toiled long hours as day laborers while she took care of her little sister. They lived in the South Bronx — at one point in a single room — and endured homelessness after a fire tore through their building.

“I was angry because all my friends had their parents at home, but mine had to work all the time so my sister and I could go to college,” Ms. Guallpa said. “There, I studied political science and international studies and learned about the systemic issues. Now I knew it was not only my mom and dad, but millions of workers who are exposed to exploitation, family separation and safety issues.”

When the job center shut down, its former clients urged Ms. Guallpa to find a way to reopen, which she did the next year. In October 2012, Hurricane Sandy struck the area, destroying the small shack the center had used as an office and meeting space. Many of the workers volunteered to help with the clean up and to give out food in Coney Island, Brooklyn, which was hit hard by the storm. Others found daily work clearing out homes.

The flurry of activity after the storm helped the center, which was able to secure donations and grants to provide safety training to 500 workers, as well as to help 1,000 get steadier jobs. But the center has already outgrown the converted shipping container it moved into after Hurricane Sandy, and supporters say it needs more help from the city.

“They city has to pay attention to these marginalized workers and develop the center so more can be connected to it,” said Hector Cordero-Guzman, a professor at Baruch College who has studied the day-labor market. “The reality is this market is a huge entry point to the broader construction sector, but there are challenges due to the immigration status of some workers. Reform could reduce that challenge, but it won’t eliminate it. The corner is the place where new workers in the labor market will always be.”

Next, Ms. Guallpa said she wanted to ensure that policy makers understood day laborers’ experiences as the city plans for its next disaster.

“Everybody was talking after Sandy about the need to create more resilient communities,” she said. “Government agencies are having discussions about what we would need in order to rebuild. If that’s the case, workers need to be part of that discussion. But nobody had brought those voices to the table.”

A version of this article appears in print on October 13, 2014, on page A17 of the New York edition with the headline: Job Center Gives a Voice, and Fair Wages, to an ‘Invisible’ Work Force.

REFORMA

Viaje de deseos y temores

PORTADA. En Centroamérica, tráfico de humanos genera millones.

Damien Cave y frances Robles. Paulina Villegas contribuyó con reportes desde Ciudad de México.

EL PARAÍSO, Guatemala.- Los traficantes de personas se anunciaban en la radio cuando la primavera cedía su lugar al verano: ?¿Desea una vida mejor? Venga conmigo.

Cecilia, una chica inquieta, ardía en deseos de ir. Su padrastro había sido asesinado, lo que obligó a su familia a ir a vivir a la pequeña casa de su tía, con sólo tres camas para 10 personas. Era todo lo que tenían, y todo lo que un traficante necesitaba. Les ofreció un préstamo de 7 mil dólares para el viaje de Cecilia, con la propiedad como garantía.

"Le entregué la escritura original", dijo Jacinta, la tía, señalando que el traficante les dio un plazo de un año para pagar, con intereses.

El trayecto duró casi un mes, degenerando de un viaje de deseo y temor en un secuestro. La libertad llegó sólo después de un pago extra de mil dólares, realizado cuando sus secuestradores mostraron un arma.

Actualmente en Miami, Cecilia, de 16 años, se cuenta entre los más de 50 mil menores no acompañados por un adulto que han llegado a Estados Unidos de manera ilegal procedentes de Centroamérica en menos de un año. Si bien el número de recién llegados ha ido a la baja, la Administración Obama señala estar decidida a "confrontar a los traficantes de estos niños no acompañados". Pero desintegrar estas redes será una tarea difícil.

Detrás de la oleada de migrantes jóvenes en busca de una oportunidad de vivir el sueño americano se encuentra un sistema de capitalismo cruel y no regulado con una demostrada habilidad para adaptarse. La industria de exportación de humanos en la región hoy tiene un valor de miles de millones de dólares, de acuerdo con expertos, y se ha vuelo más despiadada y sofisticada que nunca, al emplear a una creciente variedad de oportunistas que atrapan, violan y roban desde el punto de partida hasta el final del camino.

Se cree que miles de migrantes son secuestrados y sufren abusos cada año a su paso por México. Otros, como Cecilia, son retenidos a cambio del pago de un rescate en Estados Unidos, y las autoridades por toda la región lamentan que el horrible negocio del tráfico humano se sigue volviendo más horrible.

"Es una pirámide", explicó David Stoll, antropólogo en el Middlebury College en Vermont que ha estudiado la migración en Guatemala. Una vez que los traficantes o "coyotes" y las familias se dan cuenta de que están a punto de perder dinero o una casa, añadió, "la única manera en que pueden recuperar sus pérdidas es pasándole la pelota a los que están abajo".

Nebaj, municipio al que pertenece El Paraíso, se ubica en lo profundo de las tierras altas guatemaltecas. La región tiene años de enviar gente al norte. En los pueblos de todo Nebaj, son comunes los casos de tierras perdidas por coyotes o bancos.

Jorge Guzmán, gerente en uno de los bancos Banrural en Nebaj, dijo que es más probable que los préstamos sean aprobados si la familia que lo solicita tiene un familiar en el norte que envía dinero. Se supone que los préstamos serán para construcción o mejoras agrícolas, pero Guzmán reconoció que mucho del dinero había sido empleado para pagar viajes a EU.

Las filas de coyotes o "polleros" se han multiplicado, dicen muchos aquí, porque es el mejor trabajo que existe en los alrededores. Un viaje con frecuencia paga más que el sueldo anual de un profesor.

"Vieron una oportunidad de negocios, y convencieron a la gente de Centroamérica de que de alguna forma las leyes de EU iban a permitirles quedarse", dijo Luis Fernando Carrera Castro, Ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala.

Cecilia, quien no quiso que se usara su nombre completo ni el de sus familiares, sabía que el viaje era riesgoso. Su prima, Ana, de 21 años, había sido deportada dos veces. Pero Cecilia creyó en la propuesta de un traficante. "Pensé que cuando llegara a Estados Unidos me darían papeles, eso dijo el coyote", comentó.

Así que una mañana de mayo, Cecilia metió cinco pantalones y cinco blusas en una mochila y emprendió el viaje. El coyote la recogió, junto con otra media docena de personas.

Primero viajaron en autobús a la frontera mexicana. Luego otro grupo de coyotes los llevó a través de México, de nuevo en autobús, hasta que llegaron a la ciudad de Reynosa, en la frontera con McAllen, Texas. Allí, durante una semana, relató, fue mantenida en una bodega con unas 100 personas más hasta que cruzaron el Río Bravo y finalmente llegaron a una casa cerca de McAllen. Unas 85 personas se apretujaron ahí. Los nuevos guías eran hoscos. "Nos quitaron todo nuestro dinero", dijo Cecilia.

Alrededor de una semana después, otro pollero se llevó a un pequeño grupo a través del desierto para evitar los retenes. "Vi dos personas muertas en el desierto", recordó. "El coyote tenía comida para él, pero no para nosotros".

Un auto llegó y los recogió. Se apretujaron en él, siete en total, y se fueron a Houston. El nuevo coyote comenzó a llamar a su padre, Jacinto, quien en su juventud se había ido a EU, pero tenía más de 10 años de haber regresado a Guatemala y tenía otra familia. "El hombre dijo que si no pagaban no nos dejarían ir", comentó Cecilia.

Es una estrategia común. Aun cuando miles de niños se han presentado ante autoridades fronterizas estadounidenses en meses recientes, muchos traficantes retienen a otros para la extorsión. Las autoridades judiciales estadounidenses señalan que los culpables en estos casos probablemente no tienen nada que ver con el traficante original que contrataron los migrantes.

Muchos activistas de los derechos humanos estiman que 20 mil personas al año son secuestradas en México camino a EU. En algunos casos, las mujeres son usadas como dinero para pagar el paso por áreas controladas por cárteles de las drogas. Y en Estados Unidos los traficantes en ocasiones compran migrantes para luego extorsionar a sus familiares. Pocas familias llaman siquiera a la Policía.

La madre de Cecilia, desesperada luego de no tener noticias de su hija durante semanas, tomó dinero de un prestamista, con la esperanza de llegar a EU para encontrarla y saldar el préstamo original. Pero perdió todo en la frontera mexicana cuando un pollero le robó y se negó a llevarla al norte porque estaba embarazada.

Jacinto ahora era considerado responsable de las deudas, pero no tenía modo de pagar. Cecilia dijo que su captor se volvió más agresivo.

Antes de que ella se fuera, su padre le había dado el número telefónico de una activista de los derechos humanos en Miami de quien fue jardinero cuando era adolescente. Él no había visto a la familia, los Marín, en años.

"Recibí una llamada, y era una chica que dijo, soy Cecilia. ¿Puede ayudarme? No me dejarán ir a menos de que paguemos dinero", recordó Marín, quien no quiso revelar su nombre completo. "Le contesté, ¿Qué Cecilia?".

El coyote dejó en claro los términos: quería 500 dólares de inmediato, y alguien tenía que ir a Houston para recoger a la chica.

Luego de una serie de llamadas, Marín se dio cuenta de que Cecilia era la hija de su ex empleado.

Acordó pagar 500 dólares y el hombre accedió a conducir hacia el este. Pero cada vez que cruzaba un límite estatal, llamaba y demandaba más dinero. "Es un vil chantaje", dijo. Pero accedió a reunirse en Naples, a unas dos horas de Miami. "No tenía opción", pensó Marín. "?La habrían prostituido".

El viaje terminó cerca de una tienda de conveniencia, donde Marín y sus acompañantes encontraron un Jeep rojo con placas provisionales y dos hombres. El conductor se levantó la camisa para mostrar el arma metida en la pretina del pantalón. Quería mil 500 dólares, pero Marín llevaba sólo 900. Su hermana logró reunir otros 100 de su bolsa.

"Cuando mostró el arma, yo estaba tan enojada", relató Marín.

"Le dije, mire, señor, no la conozco. Yo no lo contraté a usted. ¡Llévesela!".

El hombre aceptó los mil dólares y dejó que Cecilia saliera del auto. Su bolsa desapareció.

Durante las siguientes semanas, el padre de Cecilia fue amenazado por el prestamista; su madre dio a luz, sumando otro niño a la hacinada casa que pronto podría ser embargada, y Cecilia descubrió que sus sueños de enviar mil dólares mensuales a casa eran poco realistas. Pero de acuerdo con la versión del traficante al lado de la carretera, Cecilia había sido bien servida.

"Debe estar agradecida", dijo. "La tratamos bien".

Paulina Villegas contribuyó con reportes desde Ciudad de México.

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Apoyan retorno de niños

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TORONTO.- El Centro Comunitario San Lorenzo coordinó la compra de tres autobuses escolares que serán enviados a la frontera norte de México para ayudar al retorno de niños migrantes como parte de la denominada Caravana de la Esperanza.

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La Jornada

Nuevo albergue para ayuda a indocumentados

Diana Manzo

Corresponsal

Periódico La Jornada
Sábado 11 de octubre de 2014, p. 18

Juchitan, Oax., 10 de octubre.

Desde hace una semana se instaló en el municipio de Chahuites el segundo albergue para migrantes en el istmo de Tehuantpec, para auxiliar a los centroamericanos que han sido victimas de delitos, con la finalidad de ayudarlos a continuar con su camino sin que sean detenidos por agentes del Instituto Nacional de Migración (INM), informó el sacerdote y director del Albergue Hermanos en el Camino, Alejandro Solalinde.

Explicó que hay una estación del INM en Tapanatepec y es una barrera enorme que impide que lleguen hacia ciudad Ixtepec, por eso Chahuites fue la mejor opción.

Solalinde dijo que no se trata de trasladar a los migrantes de un espacio a otro, sino de ayudar a quienes han sido víctimas del delito.

La represión no frena migración infantil: ONU

Leopoldo Ramos

Corresponsal

Periódico La Jornada
Sábado 11 de octubre de 2014, p. 18

Saltillo, Coah., 10 de octubre.

La migración infantil de Centroamérica a Estados Unidos no se va a resolver con el arresto y la represión en contra de los menores de edad, sino con una política adecuada por parte de Washington y la determinación de los países de origen para terminar con la violencia del crimen organizado y garantizar a sus ciudadanos condiciones elementales de seguridad, señaló la relatora sobre los derechos de la niñez de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Rosa María Ortiz.

Se trata, dijo, de un problema lacerante, una crisis humanitaria que merece soluciones concretas, y la detención y las medidas de represión no van a ser la solución al problema que está surgiendo con la necesidad de muchos niños y niñas que en cerca de 80 por ciento busca reunirse con sus familiares en Estados Unidos.

Cambian lineamientos para expedir las visas

Fabiola Martínez

Periódico La Jornada
Sábado 11 de octubre de 2014, p. 20

El miércoles próximo entran en vigor los nuevos lineamientos para la expedición de visas que emiten las Secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores. Aquí se incluyen nueve tipos de este documento. En el texto publicado ayer en el Diario Oficial de la Federación se detallan los plazos y requisitos para cada visa; hay algunas variaciones de criterios, respecto de los lineamientos anteriores –8 de noviembre de 2012–; sin embargo, no se ofrecen esquemas nuevos para el principal grupo de migrantes indocumentados en México, los hondureños. Pocos migrantes en condición irregular podrían cumplir con los requisitos para obtener una visa (La Jornada, 18/VII/14).

  • Impresiona al cura la fortaleza mental del preso de conciencia

Obvios, errores en el caso del migrante hondureño Ángel Amílcar: Solalinde

Fernando Camacho Servín

Periódico La Jornada
Viernes 10 de octubre de 2014, p. 16

Un grupo de activistas de diversas organizaciones sociales, encabezado por los sacerdotes Alejandro Solalinde, Pedro Pantoja y Tomás González, acudió el pasado miércoles al penal de máxima seguridad de Tepic, Nayarit, para visitar al migrante garífuna hondureño Ángel Amílcar Colón Quevedo, quien lleva cinco años preso de forma injusta.

En entrevista, Solalinde se dijo impresionado por la fortaleza mental de Colón –quien ya fue reconocido como preso de conciencia por Amnistía Internacional– y afirmó que seguirán exigiendo su liberación a las autoridades nacionales.

Ya logramos entrevistarnos con Ángel Amílcar. Lo vi con una gran capacidad de asumir lo que le pasó, lo vi con sabiduría para asumir grandes aprendizajes a costos muy altos y me di cuenta de que no tiene rencor. Ha madurado muchísimo a pesar del nivel de aislamiento en el que lo tienen, resaltó el director del albergue para migrantes Hermanos en el camino.

Después de manifestar su indignación por el hecho de que un activista como Colón haya sido encarcelado por las autoridades mexicanas con base en una confesión arrancada bajo tortura, en vez de haberlo ayudado por ser víctima de un traficante de personas, Solalinde anunció que continuarán presionando al gobierno del país para lograr su liberación.

Estamos trabajando en diferentes campos y niveles y haremos un esfuerzo por contactar a la Procuraduría General de la República (PGR). Este es un caso tan obvio y tan paradigmático de abuso que no vale la pena seguirse enfrascando en él. A ojos vistas, el Estado se equivocó y tiene que reconocerlo. No fue esta administración la que metió las cuatro (patas), pero sí puede tener un gesto de rectificación, dijo.

Tengo muy poca esperanza en este gobierno, porque ha corrompido las instituciones. La misma PGR no está en su mejor momento, y una de sus vergüenzas ha sido justamente el caso de Ángel Amílcar, pero todavía puede tener con él un gesto que le permita a la sociedad tener un poco de esperanza en que las cosas pueden cambiar, recalcó.

Llegan primeros refugiados sirios a Uruguay

Foto

El presidente de Uruguay, José Mujica, recibió ayer a los 42 refugiados sirios de un grupo de 114 que serán acogidos por el país sudamericano. Se trata de musulmanes sunitas, la mayoría son niños, y vivirán en un barrio ubicado en las afueras de Montevideo
Foto Xinhua

Reuters

Periódico La Jornada
Viernes 10 de octubre de 2014, p. 34

Los primeros 42 refugiados sirios de un total de 114 que serán acogidos por Uruguay llegaron ayer al país sudamericano en el contexto de un plan conjunto con la Organización de Naciones Unidas (ONU), que procura colaborar con los 3 millones de personas desplazadas por el conflicto.

Tras un viaje de 30 horas desde Líbano, los integrantes de las cinco familias fueron recibidos por el presidente José Mujica y posteriormente trasladados al hogar católico donde vivirán durante dos meses. Allí, un centenar de vecinos los recibió con aplausos y carteles de bienvenida.

Se sienten inmensamente agradecidos con Uruguay, no tiene proporción el agradecimiento que tienen. Ellos afirman que han salido de un infierno, declaró a periodistas Mujica, ex guerrillero de 79 años, al retirarse de la casona donde residirán en un humilde barrio en las afueras de Montevideo.

Está previsto que todos aprendan español y se integren a la sociedad uruguaya, que tiene una cultura occidental laica, pero no una religión oficial. Las 42 personas son musulmanes sunitas, y 60 por ciento son niños.

Van a poder expresar su religión, pero no vamos a construir una mezquita, dijo en conferencia de prensa el director de Derechos Humanos, Javier Miranda, quien organizó el traslado y comandará el plan de reasentamiento de dos años, que tendrá un costo de 2 millones de dólares.

  • Enviarán tres autobuses al norte de México

Desde Canadá ayudarán al retorno de niños migrantes

Notimex

Periódico La Jornada
Viernes 10 de octubre de 2014, p. 45

Toronto, 9 de octubre.

El Centro Comunitario San Lorenzo, en Toronto, coordinó la compra de tres autobuses escolares que serán enviados a la frontera norte de México para ayudar al retorno de niños migrantes, como parte de la denominada Caravana de la Esperanza.

La iniciativa es del párroco Hernán Astudillo, de la Iglesia anglicana San Lorenzo, quien lleva 13 años coordinando esa caravana.

Como parte de esa misión se han enviado ambulancias, ropa y alimentos a los damnificados de terremotos e inundaciones en El Salvador, Guatemala y Ecuador, entre otros destinos.

En entrevista, Astudillo señaló que decidió hacer algo por los menores migrantes tras saber del caso de la niña ecuatoriana Joselyn Álvarez, quien trató de cruzar de México a Estados Unidos en busca de sus padres y fue encontrada muerta en Ciudad Juárez.

Indicó que contactó al cónsul de Ecuador en Monterrey, Nuevo León, Augusto Torres, quien atendió el caso de la menor, así como al padre Francisco Javier, de una Iglesia franciscana en Ciudad Juárez, para coordinar el apoyo desde la comunidad latina en Canadá.

La Caravana de la Esperanza partirá el próximo 30 de octubre con tres autobuses, con capacidad para 48 niños cada uno, Monterrey, Reynosa y Ciudad Juárez.

Carter buscó negociar con Cuba para detener migración, revelan documentos

Por Ap

lun, 13 oct 2014 13:35

En los documentos consultados el lunes, el gobierno del presidente Carter (en imagen de ayer) le pidió a Cuba "cortar el flujo de emigrantes que salieron del puerto del Mariel hacia los EEUU". Foto Ap

La Habana. El presidente Jimmy Carter ofreció a Cuba una negociación con el objetivo principal que la isla detuviera el flujo de migrantes en medio de la crisis de Mariel a cambio, entre otros, de establecer una lista de medicamentos que podrían excluirse del embargo, según documentos desclasificados recientemente y presentados por dos investigadores estadunidenses.

En los documentos consultados el lunes, el gobierno del presidente Carter le pidió a Cuba "cortar el flujo de emigrantes que salieron del puerto del Mariel hacia los EEUU", e "iniciar negociaciones confidenciales el 15 de septiembre (1980) en Nueva York, entre oficiales de inmigración de ambos países para establecer un programa destinado a ordenar la emigración desde Cuba hacia Estados Unidos". En el éxodo del Mariel, entre abril y octubre de 1980, unos 125 mil cubanos emigraron por mar hacia Estados Unidos.

Si Cuba accedía al pedido de Carter (1977-1981), el entonces mandatario se comprometió a que "en el primer trimestre de 1981, se realizarán conversaciones entre representantes de Estados Unidos y de Cuba que podrían ser suficientemente amplias como para abarcar todos los aspectos de las relaciones bilaterales y las preocupaciones mutuas", según el documento.

Desclasificados el tres de junio de 2014, los documentos mostrados a la AP por Peter KornBluh y William M. LeoGrande, autores del libro Back Channel to Cuba en el que contaron la historia oculta de las relaciones entre los dos países.

Kornbluh, director del Proyecto de Documentación Cubana del Archivo de Seguridad Nacional y Leogrande, profesor de la American University de Washington, presentarán el lunes el libro que no incluye el documento sobre Mariel.

Según el documento "inmediatamente antes" de las conversaciones previstas para 1981, el gobierno de Carter se comprometía a "considerar seriamente el establecimiento de una lista de medicinas raras que podrían quedar exentos del embargo". También estaba dispuesto a conversar con Cuba sobre el tema de los secuestros de aviones y sobre un acuerdo para establecer el servicio aéreo entre Cuba y Estados Unidos".

El presidente de la Coca Cola, Paul Austin, (1915-1985), fue uno de los emisarios enviados por Carter, en tanto Peter Tarnoff, secretario ejecutivo del departamento de Estado en ese entonces, también fue uno de los enviados que sostuvo dos reuniones con Castro, de acuerdo a KornBluh.

Kornbluh comentó que Castro manifestó su disposición a parar la crisis del Mariel en tanto Carter señaló que "retrospectivamente se dio cuenta que su error fue no haber abierto esas relaciones y esperar su segundo mandato".

Carter perdió frente a Ronald Reagan las elecciones para un segundo mandato en 1980.

Estados Unidos mantiene un embargo económico, comercial y financiero desde comienzo de los años 60 con el objetivo expreso de presionar por cambios en el sistema político de la isla. Cuba y Estados Unidos no tienen relaciones diplomáticas. En el año 2000, los alimentos y las medicinas fueron excluidos del embargo.

El gobierno del actual presidente Barack Obama tomó algunas medidas que suavizaron un poco el embargo, en particular en el año 2009, permitió a los cubano-estadunidenses viajes ilimitados a Cuba para visitar familiares e incrementó la cantidad de dinero que pueden enviar a la isla. En 2011 permitió que los ciudadanos estadounidenses participaran en viajes turísticos dedicados a tomar contacto con el pueblo cubano.

· Pese a la baja desde 2008, las repatriaciones siguen por miles

En lo que va del año, casi 9 mil menores solos deportados de EU

· De casi 150 mil niños devueltos en siete años, 45 mil iban sin compañía

· lun, 13 oct 2014 08:19

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· Centro migratorio de Iztapalapa conocido como Las Agujas. Foto Jesús Villaseca

Fabiola Martínez

Periódico La Jornada
Lunes 13 de octubre de 2014, p. 16

En lo que va del año, Estados Unidos ha deportado a 10 mil 887 mexicanos menores de 18 años, de los cuales la mayoría (8 mil 940) viajaron al norte sin la compañía de un familiar adulto.

Si bien las cifras de este indicador muestran una baja de 2008 a la fecha, el número de niños y adolescentes migrantes se sigue contando por miles.

En siete años (de 2008 a septiembre de 2014) han sido repatriados casi 150 mil menores que pretendían quedarse en Estados Unidos: 95 mil 606 iban solos, y 45 mil 442, acompañados, revela el más reciente análisis estadístico de la Secretaría de Gobernación.

Este año también se registra una leve disminución al pasar de poco más de mil 500 en junio a mil 400 en septiembre. Prácticamente la mitad migró solo.

En junio pasado la migración de menores hizo crisis en México y Estados Unidos, especialmente en el país vecino, el cual calificó de crisis humana el alto flujo de extranjeros indocumentados, especialmente los niños y adolescentes que debió albergar mientras constataba su nacionalidad y ubicación de sus familiares.

En ese momento la atención se centró en los menores centroamericanos, aunque también miles de ellos eran mexicanos.

En cuanto a los connacionales, el pico de repatriados este año fue en marzo, al recibir 3 mil 688 menores de 18 años tan sólo ese mes. La tendencia bajó y se mantiene en niveles similares de junio a la fecha, es decir, una reducción menor comparada con el número de hondureños (principal grupo de indocumentados en México) registrados en el tercer trimestre de 2014.

En 2014, 188 mil mexicanos deportados

A escala general (grupo de adultos), durante el año que transcurre 188 mil 289 mexicanos han sido deportados desde Estados Unidos.

Igualmente, las repatriaciones van a la baja. Desde hace siete años, la curva ha sido descendente: 528 mil 473 en 2007, 577 mil 826 en 2008, 601 mil 356 en 2009, 469 mil 268 en 2010, 405 mil 457 en 2011, 369 mil 492 en 2012, 332 mil 865 para 2013 y 188 mil 289 al 25 de septiembre de 2014.

Este año, los primeros cinco meses estuvieron en la franja de los 20 mil deportados por mes, pero a partir de junio el fenómeno se redujo, con 17 mil 950; en julio, 18 mil 686; en agosto, 17 mil 249, y 14 mil 624 al 25 de septiembre. El estado por el que Estados Unidos repatria a más mexicanos es Tamaulipas, seguido de Baja California.

En contraparte, México ha registrado este año (según el corte oficial al 1º de octubre) a 89 mil 776 extranjeros adultos y 16 mil 767 menores de 18 años, la mayoría procedentes de Centroamérica y deportados de inmediato.

American Curios

Qué susto

David Brooks

Uno ya no sabe de qué asustarse más.Los políticos y los medios no se cansan de advertir sobre nuevas y viejas amenazas contra este país, desde el ébola hasta el Estado Islámico; desde los inmigrantes a quienes ahora acusan de ser portadores de uno de estos males, hasta los jóvenes negros que al parecer son tan peligrosos que la policía los mata nada más por, este, pues, por ser jóvenes negros; desde los rusos que otra vez desafían el orden mundial hasta los que se atreven atentar contra la libertad sagrada del mercado.

No por nada el gobierno mantiene una lista negra de aproximadamente un millón de personas a quienes considera sospechosas o amenazas y están bajo vigilancia, según documentos oficiales filtrados y publicados por The Intercept hace unas semanas, además de ese aparato de espionaje masivo de casi todo el planeta revelado por Edward Snowden y periodistas (wikileaks en La Jornada).

Todos los días hay que amanecer con el susto ante tanto enemigo y amenaza. El país más poderoso de la historia vive asustado.

El temor, desde siempre, se ha usado por el poder para justificar políticas de seguridad que incluyen guerras contra enemigos externos o domésticos, indígenas, minorías, inmigrantes, sindicatos, filtradores de secretos, algunos periodistas e incluso para suprimir rebeliones y protestas.

Es lo que justifica leyes y políticas internas donde aproximadamente uno de cada 35 adultos estadunidenses –7 millones– están en prisión o en libertad condicional y donde, no por casualidad, la mayoría –60 por ciento– de los presos son miembros de minorías (uno de cada tres hombres negros enfrenta la probabilidad de estar encarcelado en algún momento de su vida). Todo en nombre de la seguridad, todo en nombre del miedo.

El ébola es el Isis de los agentes biológicos anunciaba el banner en la pantalla de CNN en un segmento sobre la enfermedad la semana pasada. Así, las dos amenazas de la semana se fusionan; ¿la idea era sugerir que hay que bombardear a los países que padecen brotes de ébola? No ayudó la muerte del hombre de Liberia en un hospital en Texas que fue el primer caso tratado en Estados Unidos. Con ello, algunos políticos y medios que trafican con el miedo gozaron al vincular a inmigrantes en el asunto, combinando así tres amenazas.

Un representante federal republicano, Duncan Hunter, denunció que 10 integrantes del Isis (como también se conoce al Estado Islámico) fueron detenidos después de cruzar la frontera mexicana y provocó un escándalo que obligó a las autoridades federales y a la embajada de México a desmentirlo. Sin pruebas, Hunter insiste en su historia. Otro representante federal, Tom Cotton, de Arkansas, advirtió que “grupos como el EI colaboran con cárteles de la droga en México… Ellos podrían infiltrar nuestra frontera indefensa y atacar aquí mismo en lugares como Arkansas”.

En tanto, no faltan los políticos que acusan que el ébola puede infectar a Estados Unidos porque Barack Obama no ha asegurado la frontera. Es críticamente importante emplear cada herramienta, cerrar todo mecanismo, a ellos (los que ingresan por una frontera porosa) y a esa enfermedad y otras enfermedades potenciales que podrían entrar a nuestro país, declaró Scott Brown, candidato republicano de Nueva Hampshire al Senado. Su colega Thom Tillis, que busca llegar al Senado federal, afirmó que los demócratas han fallado a la nación “al no asegurar nuestra frontera… tenemos un brote de ébola y tenemos actores maleantes que pueden cruzar. Tenemos que sellar la frontera…”

No importa que no exista prueba de esto. Se tiene que agradecer que a nadie se la ha ocurrido afirmar que terroristas del EI infectados de ébola están ingresando a este país.

Siempre ha sido políticamente útil presentar a los inmigrantes como amenaza, y no sólo por republicanos conservadores. El gobierno proinmigrante de Barack Obama ha sido el mayor deportador de la historia. En 2013 marcó nuevo récord con 438 mil 421 deportaciones, y con ello se ha superado la cifra de más de dos millones durante esta presidencia. Todo para demostrar su compromiso con la seguridad.

Mientras, otros aspectos de la cultura del temor mantienen vigente la barbarie racista histórica de este país, a pesar de los cambios en las leyes y en otros rubros. Las estadísticas ofrecen un vistazo: hombres jóvenes afroestadunidenses tienen 21 veces más posibilidades de ser ultimados por policías que blancos del mismo grupo de edad (hubo 1217 muertes por disparos de la policía entre 2010 y 2012, según datos oficiales federales), concluye una investigación de ProPublica. Por ello, miles continuaron las protestas en las calles de Misuri este fin de semana.

El 11-S, como todos saben, sirvió de herramienta política perfecta para impulsar políticas militares en el extranjero y control político interno.

Y mientras todos están distraídos ante tanta amenaza y aterrorizados por jóvenes, inmigrantes y más, pocos se enfocan en las amenazas que devastan las vidas de decenas de millones en este país; muchas más que el ébola o el terrorismo. La especulación financiera que llevó a la peor crisis económica desde la gran depresión y dejó sin empleo y vivienda a millones, y que de nuevo amenaza con minar la estabilidad económica mundial, según el propio Fondo Monetario Internacional, no se cataloga como una amenaza a la seguridad nacional.

Los 400 estadunidenses más ricos, según Forbes, consolidan una riqueza colectiva de $2.29 billones de dólares (aproximadamente el equivalente al PIB de Brasil), y buena parte de esas fortunas son generadas por los fondos hedge, o, como se conocen en Argentina, fondos buitres. (www.forbes.com/forbes-400/)

Tal vez esa debería de ser la lista negra de sospechosos.

Esos sí deberían asustar a todos.

Creación del DHS elevó las expulsiones

Ciro Pérez Silva

Periódico La Jornada
Lunes 13 de octubre de 2014, p. 16

El gobierno de Estados Unidos ha repatriado a 3.7 millones de migrantes sin documentos desde que fue creado el Departamento de Seguridad Interior (DHS por sus siglas en inglés) en 2003, lo que representa una nueva marca en el proceso de deportaciones del gobierno estadunidense, por la velocidad y el número de ciudadanos remitidos a sus países de origen.

De acuerdo con un reporte de Doris Meissner, ex comisionada del gobierno estadunidense del Servicio de Inmigración y Naturalización, el ritmo de deportaciones se ha incrementado enormemente al crecer de 70 mil migrantes no autorizados en 1996 a 419 mil en 2012.

Con base en datos del DHS y del Servicio de Inmigración y Naturalización, Meissner y Marc Rosemblum, funcionario del Instituto de Política Migratoria (MPI, por sus siglas en inglés), encontraron que entre los principales cambios que propician el creciente proceso de deportación en las últimas dos décadas destacan nuevas leyes que amplían las bases de extracción de los indocumentados, sustancial aumento del personal de migración, así como infraestructura y tecnología para ubicar a los migrantes y decisiones políticas de tres administraciones consecutivas para fortalecer este aparato.

Expansión en la era Obama

“La administración Obama heredó y expandió una capacidad sin precedente para identificar, aprehender y deportar migrantes no autorizados. Casi la misma cantidad fue deportada en los primeros cinco años de la presente administración –más de 1.9 millones– que durante los ocho años previos al arribo de Obama al poder”, revela el estudio.

No obstante, agregan los autores de la investigación, se observan diferentes criterios para medir la aplicación de las leyes migratorias. Mientras en la frontera con México se aplica una medida de cero tolerancia, en la que los migrantes sin documentos son sujetos de deportación inmediata y reciben cargos criminales, en el interior de Estados Unidos las leyes se aplican con mayor flexibilidad, pues los recursos se enfocan en una porción menor de los grupos poblacionales sujetos de ser deportados.

Estas diferencias son consistentes con las distintas metas y circunstancias que se enfrentan en la frontera y en el interior del país, pero el impacto de ambas estrategias está empezando a converger, haciendo que crezcan al mismo tiempo las dudas sobre estas diferencias entre sociedad civil y políticos, debido a que entran en conflicto visiones sobre un trato más humano en el estricto control migratorio.

Ayutla y la legalización de facto del contrabando

Una comunidad bien organizada para contrabandear lo que sea de México a Guatemala y viceversa, es dirigida por un alcalde investigado por supuestos vínculos con un capo del narcotráfico. Bienvenidos a Ayutla.

Foto:Fotos de Felix Acajabón

Gerson Ortiz • gortiz –El río Suchiate, ubicado en Ayutla, San Marcos, lleva sobre sus aguas enormes balsas artesanales que trasladan cada día toneladas de mercadería de México a Guatemala y viceversa. Cerca de uno de los pasos ciegos más vistosos de la frontera está la aduana de Tecún Umán, pero pocos se inclinan por el papeleo de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), la espera de las autorizaciones para cruzar y menos por el pago de los impuestos que implica trasladar cualquier producto de un lugar a otro. El tiempo tiene sus agujas y el río su corriente. Ninguno de los dos se detiene, el contrabando tampoco.

“Es una realidad que estamos viviendo del contrabando, pero hay que saber que en este pueblo es una cultura trabajar en esto, es la única fuente de trabajo que se tiene en Ayutla”. Guadalupe Polanco tiene 48 años y 23 de ellos los ha repartido entre México y Guatemala debido a su trabajo como “camarera” en el río Suchiate. Su trabajo es remar, vencer las corrientes y pasar de un país a otro cualquier tipo de producto, o personas, para ella no hay diferencia.

Las cámaras, como le llaman en el lugar a las balsas formadas por dos enormes tubos inflables a los que se atan unas tablas que fungen como plataforma para transportar mercadería a través del Suchiate, son los instrumentos que le dan el sustento diario a más de 800 personas en ese municipio. “Hace como cuatro años echábamos de cinco a seis viajes con hasta diez personas, pero ya en estas últimas fechas echamos dos viajes máximo en el día. Ha disminuido el trabajo”, dice la mujer con los brazos tostados por el sol.

Guadalupe cuenta que cada vez llegan menos personas al Suchiate porque tienen miedo, se sienten intimidadas. ¿Qué los intimida? “Las autoridades que no nos permiten seguir trabajando porque se dice que este es un paso de contrabando y que trabajamos ilegalmente”.

Combustible: ingresa por México debido a la diferencia de precios con Guatemala. Aproximadamente entran 200 mil galones diarios.

Según lo observado durante la tercera semana de julio, cada hora llegan de una orilla a otra aproximadamente seis balsas cargadas con productos como: huevos, leche, cereal, papel higiénico, servilletas, café, frijol, arroz, entre muchos otros. En la frontera de Guatemala y México, las autoridades del Ejército guatemalteco dijeron haber detectado 20 puntos ciegos hasta febrero de 2012, pero en diciembre de 2013 la cifra ascendió a 65.

“Del lado guatemalteco casi no pasan cosas para el otro lado, solo verdura”, afirma otro balsero que ha trabajado ahí por más de una década. La mayoría de los entrevistados admitió que lo que transportan es ilegal o de contrabando. ¿Temen ir a la cárcel por esa actividad? “Sí”, respondieron todos, pero más miedo les da dejar a sus hijos sin comida.

Los balseros hablan con tranquilidad del tema, viven su rutina como cualquiera, pero a kilómetros de la frontera, en las oficinas del Estado y en los burós de los empresarios los nervios se exacerban cuando se aborda el tema del contrabando. Estudios como el titulado Una revisión del panorama fiscal en Guatemala, las dificultades que se presentan y las posibles soluciones para enfrentar dichos retos, de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa) y el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), estima que esa actividad podría generar pérdidas al fisco por hasta Q 5,900 millones (unos US$ 755 millones anuales), lo cual representa alrededor del 1.6 por ciento del PIB y supera lo asignado en el presupuesto de este año a cada una de las tres carteras más importantes del Estado: Salud (US$651 millones), Gobernación (US$564 millones) y Defensa (US$259 millones).

No obstante, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Nacional para la Prevención y Combate de la Defraudación Aduanera y el Contrabando (Conacon), Manuel Chocano, calcula que las pérdidas por ese ilícito no son menores a US$1.6 millardos al año (Q12.4 millardos). A esos cálculos se suma una tercera opinión, la del ministerio de Finanzas Públicas, que considera que la pérdida por defraudación en aduanas está entre Q6 millardos y Q8 millardos anuales.

Granos básicos: Ingresan generalmente por la frontera con México vía terrestre. Se estima que llegan 384 mil quintales diarios,

El último estudio de Fundesa cita: “tomando en consideración el escenario más probable de acuerdo a la información provista por los representantes de los principales sectores productivos del país, el monto que la SAT deja de percibir cada año debido al comercio ilícito de mercancías ronda los Q5,103.27 millones, o el equivalente al 1.297 por ciento del PIB”.

Tres ruedas, un trabajo

Luis Valladares es triciclero, su trabajo es el siguiente eslabón en la cadena del “contrabando hormiga”, como es conocida esa actividad en el Suchiate. Cuando las balsas llegan hasta la orilla guatemalteca, él se apresura a ofrecer su servicio de transporte de tres ruedas. Carga su triciclo con todo el producto y lo traslada pedaleando hasta la terminal, el mercado o cualquier comercio pequeño de Ayutla. Hace 28 años hace lo mismo.

A Luis no le cuesta calcular, pues su mamá vendía comida a la orilla del Suchiate cuando él apenas era un niño y con eso le pagó sus estudios. Se graduó de perito a los 19 años y empezó a trabajar en un banco de Ayutla, donde no ganaba más de Q1,800 al mes. Tuvo que regresar al río porque el dinero ya no le alcanzaba, entonces se volvió triciclero y cada día traslada quintales de mercadería en su vehículo de tres ruedas, que pedalea bajo el incesante sol de San Marcos.

“Trabajé en Banquetzal, fui empleado tres años ahí, pero el salario era muy poco (Q1,800), son como Q60 diarios y con un sueldo así difícilmente mantendríamos a la familia. Yo tengo tres niños y les debo dar educación. Aquí gracias a Dios por medio de este trabajo sale para eso, pues cobramos Q10 a la terminal, Q5 al parque, a veces vamos a echar unas vueltas con turistas y ganamos un poquito más y gracias a eso redondeamos un sueldo de unos de Q3 mil, a Q3 mil 100, al mes, aunque hay días malos”.

En abril pasado, el Central American Business Intelligence (CABI), publicó un estudio sobre los gastos que hace en promedio una familia en la canasta básica guatemalteca. Según el documento, estos ascienden a Q2 mil 620 mensuales.

El informe establece que el promedio de gasto mensual de una familia de cinco miembros asciende a unos Q6 mil 313, y que de ellos el 41.5 por ciento se invierte en alimentos, el 8.5 por ciento en energía, el 7.4 por ciento en educación, y el 5.2 por ciento en salud. Además establece que al año una familia gasta aproximadamente unos Q75 mil 760.

El Instituto Nacional de Estadística comenta en el mismo estudio que el tipo de gastos no implican que haya desaparecido la pobreza y que el índice de esta se encuentra en 53.7 por ciento.

¿Sabe que la mercadería que transporta no paga impuestos?

– “De hecho es ilegal, todo lo que pasa aquí es ilegal, pero es preferible que trabajemos aquí y no que andemos robando. Yo no calculo que sea ilegal que trasporte una caja de huevos, es peor que llegue a mi casa y mis hijos me estén pidiendo un pan y no tenga de dónde darles”.

¿Teme que un día venga la Policía e intente detenerla por su trabajo?

– “Todos tenemos ese temor de que vengan las autoridades y quieran privarnos de nuestra libertad y del derecho de poder trabajar. Estaríamos de acuerdo si el Gobierno nos diera opciones, pero si solo nos quitan el sustento diario de nuestros hijos, claro que vamos a pelear por nuestros derechos”.

Cigarrillos: ingresan vía terrestre y marítima por Belice y se estima que algunos productos viajan desde Panamá. Aproximadamente llegan al país 175 millones de cigarros cada año

La defraudación tributaria y la defraudación aduanera, se tipifican como delitos en el Código Penal y la Ley Contra la Defraudación y el Contrabando Aduaneros de Guatemala. No obstante, el Estudio La eficiencia de la captación fiscal por la vía judicial, del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) señala que la efectividad de la persecución penal de los delitos tributarios (entendida como la aplicación de una sentencia condenatoria o de un mecanismo simplificador del proceso penal), no supera el diez por ciento de los casos judicializados, lo que significa que el 90 por ciento de los delitos tributarios que se denuncian en el Ministerio Público (MP) no se resuelven. El mismo informe revela que los montos recuperados por la vía penal, equivalen al 2.7 por ciento del total de los casos.

“Es un mal necesario”

Para un buen número de pobladores que viven cerca del Suchiate, el contrabando es un acto de rutina, una forma de subsistencia diaria. Pero, ¿Qué tendría que decir al respecto una autoridad como Erick Zúñiga, alcalde de Ayutla, sobre ese tipo de actos que la ley guatemalteca sanciona con prisión?

“Hablar del contrabando tiene sus raíces, estamos hablando de 70 años atrás, esto ya se culturizó en nuestro pueblo y en nuestro municipio es algo normal ver esto. La gente ha ido heredando esos puestos. Un camarero o triciclero gana entre Q100 y Q70 diarios, nadie se va a hacer rico con esa cantidad. Como alcalde te puedo decir que no soy la persona competente para poder interferir en eso. No voy a quitar en un año algo que tiene 70 años de existir”.

Además de presidir la Municipalidad de Ayutla por segundo período y creer que el contrabando es una “cultura” en su municipio, Zúñiga es hombre con un presente turbulento: el 1 de agosto pasado, el Juzgado de Extinción de Dominio resolvió pasar a nombre del Estado ocho fincas expropiadas a un testaferro de Juan Alberto Ortiz López, alias Chamalé, extraditado en mayo hacia Estados Unidos por supuesto trasiego de cocaína a ese país desde 1998. Pero la judicatura también ordenó que se iniciara una investigación por lavado de dinero contra cinco hombres que realizaron transacciones monetarias con Chamalé, entre ellos el alcalde de Ayutla.

Además de inspirar algunos narcocorridos, como el del cantante Oscar Ovidio titulado: Juan Ortiz, y protagonizar un videoclip de ese mismo género interpretado por Arnulfo Bernal Jr. y La Descendencia HD, Chamalé era considerado el capo del narcotráfico en Chiquimula, Retalhuleu, San Marcos y Huehuetenango. La investigación en su contra lo vincula a la recepción de hasta cinco toneladas de cocaína que era trasladada desde Colombia a Guatemala y distribuida al cartel mexicano del Golfo. En 2001, la Oficina Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), lo consideró el traficante de más alto rango que operaba en Guatemala.

El 13 de junio de este año, la Fiscalía contra el Lavado de Dinero del MP, allanó la Municipalidad de Ayutla para secuestrar información de los arbitrios municipales de cinco cambistas, quienes trabajaban en las orillas del Suchiate cambiando pesos mexicanos por quetzales. Estas personas fueron detenidas el 3 de diciembre de 2013 junto a 18 más. Según las investigaciones, la estructura criminal habría lavado Q368.3 millones entre ambos países. Entre los detenidos figuraban: Emilio Meoño Barrios, quien fungía como concejal de Ayutla y tesorero del equipo de fútbol del municipio, y Érika Eugenia Villagrán Agustín, cuñada de Érick Zúñiga.

Las balsas trasladan a cada orilla tanto personas como mercadería.

El alcalde también tiene entre su historial haber instalado un peaje donde los tricicleros debían pagar un “impuesto” de Q3 a la comuna por cada transporte de mercadería. Según Zúñiga, ese dinero solo se cobró unos meses y sirvió para remozar una carretera que permitía a los transportistas transitar con más facilidad. “En ningún momento hemos tratado de hacerles más fácil el trabajo, lo que sí hemos tratado es de que la gente que visita nuestro municipio tenga seguridad y entonces lo que tratamos es de descampar lugares que estaban muy incómodos”, justificó.

¿Cree que ese trasiego no controlado de mercancías es un mal inevitable?

– “Para mí sí. Como alcalde te digo que es un mal necesario. Va dejar de ser un mal necesario hasta que se les presente una mejor opción, hasta entonces va ser un mal que le va a dar de comer a muchos niños”.

El 28 de noviembre de 2013, la Policía Nacional Civil detuvo un automóvil que transportaba mercadería de contrabando. Los trabajadores del Suchiate se enfurecieron y agredieron a los agentes y miembros del Ejército, quemaron una patrulla y recuperaron la mercadería. “La municipalidad no puede contener el fervor de la población, no hay ningún alcalde que pueda detener al propio pueblo cuando el pueblo se enardece. Son 10 mil personas las que hay ¿y me voy a poner enfrente como Supermán? Me van a quemar, no puedo”, respondió el alcalde a ese hecho.

¿Teme que lo investiguen por no denunciar el contrabando?

– “En política se espera todo, una de las cosas que da más miedo es la política, yo nunca había entrado a un mundo tan oscuro. Si me ponen una demanda estoy listo para lo que venga. De que tengo miedo, tengo miedo. Yo no estoy consintiendo lo malo, simplemente soy el alcalde de este municipio fronterizo, soy alcalde pero también soy ayutleco, yo no voy a hundir a mi propia gente. Esta es mi gente y necesitan una oportunidad. No tienen otra opción”.

La respuesta del alcalde se parece a los argumentos que el expresidente Alfonso Portillo vertió más de una vez ante los tribunales guatemaltecos, en los que aseguraba que el proceso abierto para su extradición hacia Estados Unidos por el desvío de US$70 millones, era político y que por esa razón no podía ser extraditado, no obstante, el 18 de marzo de 2014, el exmandatario se declaró culpable de haber recibido sobornos de parte del Gobierno de Taiwán a cambio de aceptar el reconocimiento diplomático de la Isla. Otros políticos, como Manuel de Jesús Castillo Medrano, quien atribuyó el proceso penal en su contra a un hecho político, aún purga la condena de 203 años de prisión por el asesinato de tres diputados salvadoreños.

El fruto del árbol envenenado

Muy cerca de la orilla del Suchiate hay una patrulla de la PNC. El intenso calor del pueblo no logra que los agentes salgan del vehículo. Esperan vigilantes unos minutos y se marchan. El río no se detuvo y la mercadería tampoco cesó. Cientos de cajas de mercancía siguen pasando de México a Guatemala. En esa orilla Mynor del Cid también vigila, no le interesan las cargas pequeñas, él llegó por las toneladas de producto que algunas balsas traen. Él es fletero.

En Derecho existe una metáfora legal denominada “La doctrina del fruto del árbol envenenado”, la cual establece que cualquier evidencia obtenida de forma ilegal es inadmisible, así pues, el veneno es al fruto lo que la ilegalidad es a la evidencia, por lo tanto se infiere que si la fuente (el árbol) es corrupta, entonces cualquier cosa que salga de ella (el fruto) también lo es. En Ayutla el árbol parece estar bastante envenenado…

Un día cualquiera de junio de 2014, Mynor viajaba con su vehículo cargado de mercancía que acababa de atravesar el Suchiate. Se dirigía a una zona conocida como finca El Álamo, en Ayutla, cuando fue alcanzado por una patrulla cuyas siglas eran “DINC” (División de Investigación Criminal). “Me hicieron el alto y me detuve con respeto, pero al momento que me pidieron los documentos, agarraron mi licencia y se la metieron a la bolsa sin leerla. Me dijeron que si yo tenía la cantidad de Q5 mil me dejaban trabajar, y si no que me iban a consignar”.

Mynor cobra de Q100 a Q300 dependiendo del peso de la mercadería y del destino. Aquel día infortunado no tenía Q5 mil en la bolsa, así que se negó. Uno de los agentes desenfundó su arma y se la puso cerca de la cabeza. “Yo les dije que me dejaran de estar extorsionando. El extorsionista, si uno no le paga lo mata pero los policías si uno no les paga, lo encarcelan”.

Después de dos horas retenido Mynor fue dejado en libertad. Reconoció que les pagó una “mordida” (soborno) a los agentes, aunque no quiso decir de cuánto. “Me dejaron ir pero se les tuvo que dar un dinero. A los fleteros nos pasa seguido eso, vienen patrullas de otro lado y ya no se sabe quién es el delincuente y quién es la autoridad porque están al mismo nivel”, dice el hombre mientras espera que llegue mercadería de contrabando para trasladarla.

Los tricicleros tampoco escapan de la Policía, aunque reconocen que antes (cuando existía la Guardia de Hacienda) había más detenciones. “Se llegaron a dar cuenta los policías de que era por necesidad que lo hacíamos y nos dejaban trabajar, ya solo recibían una mordidita”.

De acuerdo con la más reciente Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos en Guatemala (ENEI 2012), publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), “el sector informal representa el 74.5 por ciento de la población económicamente activa (PEA) del país. Si se toma en cuenta que esta alcanza a 6.2 millones de guatemaltecos, unos 4.6 millones laboran por su cuenta sin protección social”. De este porcentaje, la encuesta indica que el 30.8 por ciento se dedica al comercio, por lo que según Fundesa “es muy probable que una gran parte de ese porcentaje de la PEA participe del contrabando y la defraudación aduanera, a ello se suma el diez por ciento que se dedica a actividades relacionadas con el transporte, comercialización y distribución de mercancías, es decir que se puede estimar que hasta un 40 por ciento de la PEA, podría dedicarse a actividades relacionadas con el contrabando y la defraudación aduanera en el país”.

Legalización de facto

Mauricio López Bonilla, ministro de Gobernación, se refiere al contrabando ayutleco como “una paradoja” y asegura que muchos de los productos que ingresan al país por esa vía no solo tienen un impacto en la economía fiscal, sino en la salud, pues algunos tienen veto por problemas sanitarios y en el río no pasan por ningún tipo de revisión. “La gran paradoja es que por comprar más barato la gente se va a enfermar. Lo barato sale caro”. El funcionario resaltó en primer lugar esa parte del contrabando, pero a la fecha no se han registrado casos masivos de intoxicación en los departamentos donde se genera más ese tipo de trasiegos.

Para el funcionario, Ayutla es la punta del iceberg, pues en esa región existe un contrabando “latente” pero que es parte de una costumbre que no es nueva, que viene desde hace décadas y que ha ido creciendo con el tiempo. Sin embargo, hay otros puntos no controlados donde pasa combustible, camiones cargados con huevos, pollo, cigarros y hasta drogas.

El 30 de agosto de 2013 el ministerio de Gobernación instaló la “Fuerza de Tarea Tecún Umán”, en San Marcos, que consiste en un grupo de reacción conformado por la Policía y el Ejército y cuyo objetivo era “combatir” el narcotráfico, la trata de personas, el contrabando y el tráfico de armas cometidos en las zonas fronterizas con México. Su centro de operaciones es Tejutla, en San Marcos (a 106 kilómetros de Ayutla), y está integrada por 169 soldados, 70 agentes de la PNC, cinco representantes del Organismo Judicial y cinco de la SAT.

¿Qué hace la Fuerza de Tarea? “Trabaja desde Ocós hasta Frontera El Carmen (ambas localidades de San Marcos) y está orientada en gran medida a detectar pasos vehiculares no controlados, contrabando de mayor cuantía como el combustible, aceites, cosas que se desarrollan en esa línea, es un segundo escalón de protección”. ¿Entonces sus acciones no llegan hasta Ayutla? “No. En la línea de frontera no. Ellos están en un segundo escalón”, responde el Ministro.

En 2013 el ministerio de Gobernación reportó el decomiso de 3 millones 241 mil 130 cajetillas de cigarrillos, 382 mil 460 huevos, 26 mil 221 galones de combustible, así como zapatos, pastas dentales, mariscos, leche, y otros productos de contrabando en todo el país. Según la estadística proporcionada por la cartera del Interior, el valor total de la mercadería incautada llega a Q7 millones 625 mil 545.

Sobre la visión que el alcalde de Ayutla tiene sobre el contrabando, el encargado de la seguridad interior comentó: “Lo entiendo, porque es autoridad local y si se contrapone a una costumbre que se ha convertido en un derecho para la gente, entonces tendría problemas de otro tipo. Eso tiene que erradicarse con la fuerza pública nacional”.

¿Hay complicidad del alcalde u omisión de denuncia? “En algún momento sí”.

¿Cree que haya una legalización de facto del contrabando en ese municipio? “Sí. Existe una actuación de facto en ese trasiego comercial que es absolutamente fuera de la ley”.

Las balsas trasladan a cada orilla tanto personas como mercadería.

“Accusatio manifesta”

Los millones de quetzales que el Estado de Guatemala deja de percibir cada año a causa del contrabando son solo parte de una especie de “cultura” de evasión que impera en el país. Según recientes declaraciones de Edgar Barquín, presidente del Banco de Guatemala y la Junta Monetaria, el Estado deja de percibir unos Q200 millardos al año por evasión fiscal de empresas.

El ministerio de Comunicaciones de Guatemala ha invertido Q7 millardos en infraestructura durante los primeros dos años del gobierno actual y se estima que al concluir este año el monto suba un millardo de quetzales más. Según el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), Guatemala es uno de los países que menos invierte en educación, pues el gasto en ese rubro, como porcentaje del PIB, es de aproximadamente 2.4 por ciento en comparación con el 4.4 por ciento del promedio en América Latina. El presupuesto total asignado este año a Salud alcanzó los Q5 mil 111 millones.

Lo anterior es solo un comparativo para estimar lo que el Estado podría invertir en educación, infraestructura o salud, solo con los impuestos dejados de percibir debido a la defraudación fiscal de las empresas.

De vuelta al río…

Guadalupe Polanco, Luis Valladares, Mynor del Cid y una docena más de balseros, tricicleros, fleteros o cambistas que optaron por no identificarse coincidieron en una cosa: el contrabando les da de comer, a ellos y a sus familias, y como cualquier derecho están dispuestos a defenderlo, cueste lo que cueste.

“Nosotros estamos de acuerdo que el Gobierno quiera quitarnos la fuente de trabajo siempre y cuando nos den opciones. Pero si solo vienen a querernos quitar el sustento diario de nuestros hijos y a dejarnos desempleados, claro que no somos mudos y vamos a pelear por nuestros derechos…”, dijo decidida Guadalupe, quizá consciente de que en más de 65 puntos ciegos ubicados a lo largo de la frontera con México está ocurriendo exactamente lo mismo.

Este reportaje fue realizado por Gerson Ortiz para el diario “elPeriódico” de Guatemala, en el marco de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación en las Américas del International Center for Journalists (ICFJ) en alianza con CONNECTAS.

Gerson Ortiz • gortiz

21 Septiembre 2014

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